La recomendación, contenida en el informe de la Defensoría del Pueblo, se basa en que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad para mantener a personas privadas de libertad, según la Ley 55 de 2003.
Cuatro centros femeninos de rehabilitación del país, formaron parte de un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, que reveló, entre otras deficiencias, el hacinamiento y la habitabilidad de las reclusas en estos centros, los que exceden hasta en un 120% su capacidad.
Los centros de Nueva Esperanza, en Colón; Algarrobos, en Chiriquí; Llano Marín, en Coclé; y el Centro Femenino de Rehabilitación, conocido como, Cefere, en ciudad capital, formaron parte de este estudio, cuya finalidad era conocer la situación particular de las mujeres mayores de 60 años que presentan enfermedades crónicas o agudas y discapacidad física o psicosocial.
La información recabada, sobre las condiciones del hogar 7, denominado de máxima seguridad o aislamiento, contenida en el informe, recomendó a la Dirección General del Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobierno, “el cierre permanente de dicho hogar y la habilitación de otro espacio destinado para albergar a privadas de libertad que deban ser aisladas por medidas disciplinarias”.
La sugerencia, según el documento, es porque se pudo evidenciar que el hogar de máxima seguridad, no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad para mantener a personas privadas de libertad, tal y como lo especifica la Ley 55 de 2003.
De acuerdo a los resultados del estudio, todos los centros presentan condiciones críticas de sobrepoblación, exceptuando el de Colón. El de Llano Marín, presenta un 180% de sobrepoblación; el de Los Algarrobos, un 392%; y el de Panamá, un 125.16%.
La limitada atención en salud para las internas, fue otra de las faltas encontradas durante las visitas realizadas los días 15 y 16 de marzo del presente año, por personal de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo junto, al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura MNPT.
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que existe una gran deuda en materia de salud con esta población que tienen que definir, tanto el sistema penitenciario y el Ministerio de Salud, debido a que esta entidad es la contratante de los médicos, que agregó, “trabajan casi con las uñas”.
Dijo que los galenos comparten su tiempo e insumos con la población que no está en el centro. Como ejemplo, citó que el Centro Femenino de Rehabilitación, de la capital, divide la atención médica e insumos con el Centro de Salud de Río Abajo.
Consideramos que ese acuerdo, MINSA-Gobierno, debe permitir a este último contratar a su propio personal de salud para que este sea únicamente y exclusivamente para los centros de privación de libertad.
“Entre las privadas de libertad – señala el informe- prevalecen enfermedades como hipertensión, diabetes (en mayor incidencia), VIH, epilepsia, afecciones vasculares, asma, entre otras”.
Otra de las quejas presentadas se refiere a la dificultad, que se ha profundizado en el tiempo de pandemia, de obtener cupos para atención especializada (fuera del centro, especialmente en el Hospital Santo Tomás).
Las malas condiciones del sistema eléctrico, lo que representa un alto riesgo para las privadas de libertad, que afectan directamente las condiciones de vida y seguridad física de las internas, fue otra de las fallas encontradas.
La Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades, la aplicación de las libertades condicionales y las rebajas de pena, que, en conjunto con las medidas otorgadas por los Jueces de Cumplimiento, pueden implicar una reducción significativa en la población penitenciaria.
El documento reflejó que son necesarias las adecuaciones para las reclusas con movilidad reducida de tal forma se les permita la independencia y desarrollo integral.
Además, la implementación de medidas alternativas al limitado acceso a programas y actividades de resocialización, fortalecer las atenciones de salud tanto física como mental de la mujer.
Este informe se publicó en el sitio web de la Defensoría del Pueblo y, a su vez, se remitirá a los Ministerios de Salud y de Gobierno.
De acuerdo al informe de la Defensoría, la información se recabó mediante entrevistas a las privadas de libertad, incluyendo a custodios.
