Se planteó que no deben modificarse los requisitos para la obtención de la jubilación, como aumento de la edad, incremento de la cuota empleado empleador, aumento de la densidad, ni la disminución del 60% de la pensión sustitutiva.
“Acercamientos y no propuestas definitivas”, son los que se han venido dando entre los comisionados de las mesas que analizan los ingresos, egresos y la sostenibilidad financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
La facilitadora de la comisión temática del IVM, Guimara Tuñón, estableció un periodo de afinamiento que transcurrirá del 26 de agosto hasta el 3 de septiembre, cuando se presentarán las propuestas formales.
El comunicado de la CSS señaló que tres grupos de trabajo que analizan los ingresos, egresos y la sostenibilidad financiera del IVM, comenzaron a esbozar algunas “ideas” para fortalecer las finanzas de este programa.
Tuñón informó que se llegó al primer avance de los grupos de trabajo, los cuales son unos acercamientos de lo que puede hacerse con cada uno de los artículos que incorporan el tema de Invalidez, Vejez y Muerte de la Ley 51 de la CSS.
Dijo que el grupo de trabajo que analiza los egresos de IVM, planteó que no se deben modificar los requisitos para la obtención de la jubilación, como aumento de la edad, incremento de la cuota empleado empleador, aumento de la densidad, ni la disminución del 60% de la pensión sustitutiva.
No obstante, indicaron que, para la jubilación anticipada, la misma debería eliminarse o imponer una penalización más alta; igualmente, se estimó que se debería revisar la exoneración de la Fe de Vida, lo cual crea una situación para que se siga pagando pensiones a personas ya fallecidas.
Por su parte, el grupo de trabajo que revisó los ingresos, presentó 14 puntos a consideración para fortalecer los ingresos del programa de IVM, entre los que mencionaron la obtención de un porcentaje de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorgue en materia de todo tipo de telecomunicaciones, uso de espacio aéreo, terrestre y uso de suelo y subsuelo marino.
También plantearon que el subsidio que otorga el Estado, que actualmente es de 20 millones 500 mil balboas anuales, se incremente a 75 millones por año a partir de la modificación y aprobación de la ley hasta el año 2030 y a partir del 2031, un subsidio anual por 100 millones.
Igualmente, se planteó la idea que las multas que cobra la CSS por incumplimiento de los términos pactados con la institución, sean ampliados a todas las entidades contratantes del Estado panameño.
Otro de los planteamientos, es que se cobre un porcentaje del total de los ingresos sobre el excedente de operaciones de las empresas público privadas, como las operaciones de Mi Bus, el Metro de Panamá y del total de los ingresos brutos en las concesiones mineras.