La causa criminal fue abierta por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la supuesta comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias y contra la seguridad colectiva.
Un tribunal de Panamá llamó a juicio a cuatro personas, entre ellos un exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), epicentro de varias investigaciones por corrupción, por una presunta lesión patrimonial de 14 millones de dólares en compra de comida deshidratada para escuelas oficiales.
La causa criminal fue abierta por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la supuesta comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias y contra la seguridad colectiva, señaló este martes un comunicado del Órgano Judicial (OJ).
La información no precisa el nombre de los indiciados, aunque el diario local La Prensa filtró que uno de ellos es el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, jefe de dicha entidad desde el 2009 hasta 2012, durante la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Mediante el Auto Mixto N°2 del 23 de agosto de 2021, el Juzgado también incluye en esta causa criminal a los empresarios Rubén De Ycaza (empresa Lerkshore International Limited), Jorge Noel García (empresa Temo S.A.) y Cyntia Del Rosario Quirós (representante de la empresa Fujico, S.A.), publicó el rotativo.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de la Jueza Lorena Hernández Ceballos, sobreseyó provisionalmente a 5 de los investigados, a quienes se le levantaron las medidas cautelares de reporte decretadas por el Ministerio Público.
La juez aclaró en su resolución que el sobreseimiento provisional no da tránsito a cosa juzgada, y que de existir nuevas pruebas, se podrá solicitar la reapertura del proceso contra los sobreseídos en esta investigación.
El Tribunal estableció la fecha de audiencia ordinaria para los días 4 y 5 de enero de 2022, y como medida de prevención ante la inasistencia de alguna de las partes, se fijó como fecha alterna los días 31 de marzo y 1 de abril del mismo año, así como la designación de tres Defensores Públicos.
Este caso data de 2015, cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción comenzó una investigación a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados para escuelas oficiales de las localidades con mayor índice de pobreza en el país.
Estas compras, que causaron una lesión patrimonial de 14 millones de dólares según versiones de la prensa local, fueron realizadas inicialmente por el antiguo Fondo de Inversión Social (FIS), que luego cambió al también extinto PAN, en el periodo comprendido del 2009 al 2011, señaló el OJ.