Hombres muy delgados tejen sombreros a la sombra mientras mujeres de velos coloridos cocinan hojas secas mirando a los niños jugar, mientras el viento del desierto sopla entre los casuchas de paja.
Es una escena familiar en los numerosos desolados campamentos para las más de dos millones de personas que huyeron de la guerra yihadista en el norte de Nigeria, donde ahora viven Aliyu, Abubakar, Muhamad y Mallam.
Pero este no es el lugar al que esperaban llegar estos cuatro hombres.
Liberados después de años de detención, deberían estar en proceso de reintegración a la sociedad tras completar un programa gubernamental para rehabilitar a excombatientes del movimiento islamista Boko Haram.
Pero, al contrario, los dejaron viviendo en campamentos y sin empleo, reclamando que el gobierno no cumplió con la promesa de darles una nueva oportunidad.
En más de una década, el grupo yihadista Boko Haram y el disidente Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) han matado a al menos 40.000 personas.
En respuesta, Nigeria lanzó ofensivas militares e inició en 2016 la Operación Corredor Seguro para brindar una salida a los militantes dispuestos a deponer las armas.
Los combatientes son evaluados y aquellos considerados de bajo riesgo son transferidos a un centro en Mallam Sidi, en el estado nororiental de Gombe.
Durante seis meses reciben entrenamiento vocacional, educación religiosa y básica y apoyo psicológico.
Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña han aportado millones de dólares al programa, apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
– Detenido “por error” –
“La Operación Corredor Seguro ha sido un enorme éxito”, dijo su jefe, el general Mohamed Maina, a inicios de julio en una respuesta escrita a preguntas de AFP.
“Más de 800 excombatientes arrepentidos han sido rehabilitados y reintegrados”, aseguró.
Sin embargo, los cuatro hombres que participaron en el programa y fueron entrevistados por AFP meses atrás afirmaron que estuvieron detenidos sin cargos en su contra y en condiciones brutales durante varios años antes de llegar al programa de rehabilitación.
Dos de ellos, Abubakar y Mallam, dicen que eran agricultores, no insurgentes, y que fueron detenidos erróneamente junto a muchos otros civiles, incluidos niños.
No fue posible verificar la historia de cada uno de los cuatro hombres.
Sin embargo, informes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el International Crisis Group (ICG) y Amnistía Internacional (AI) detallaron versiones similares con base en centenares de entrevistas con personas que completaron el programa y responsables.
El ICG dijo en un informe que habló con 23 personas que terminaron el programa y que “a lo sumo” un cuarto de las personas en el centro de rehabilitación eran “reclutas yihadistas”.
“La mayoría de los demás (…) eran civiles que huyeron de áreas controladas por Boko Haram y a los cuales las autoridades erróneamente catalogaron como yihadistas y detuvieron antes de enviarlos a Corredor Seguro”, señaló el informe.
Maina negó que civiles fueran llevados a la fuerza al programa, y aseguró que “los excombatientes son escogidos mediante la evaluación por perfil y la investigación”.
Pero incluso Aliyu y Muhamad, excombatientes de Boko Haram, quienes encajan en el criterio oficial de bajo riesgo y recibieron amnistía por el programa, cuestionan su impacto final.
Después de pasar detenidos más tiempo del que les prometieron y con dificultades para encontrar trabajo, ambos se niegan a motivar a otros a entregarse.
– “Atrapados” –
Abubakar, de 48 años, dijo que vivía bien como agricultor hasta que Boko Haram tomó control de su poblado en el estado nororiental de Borno.
La AFP no precisa lugares ni fechas de manera específica en este reportaje para proteger la identidad de los participates. Los nombres de los cuatros hombres han sido cambiados.
“Mis ingresos cayeron porque ellos se llevaban nuestras cosechas, incluso los alimentos que preparábamos”, afirmó Abubakar, padre de tres hijos.
“Nos vigilaban, estábamos atrapados. No había otra salida, tenían armas”, recordó.
Mallam, de 52 años, cultivaba arvejas, maíz y frijoles en otro poblado de Borno.
Cuando llegó Boko Haram, los hombres debieron dejarse crecer la barba y las mujeres eran obligadas a permanecer en casa.
Dice que llegó a recibir 80 azotes por comprar cigarrillos.
El gobierno le pedía a los civiles salir de las áreas ocupadas por Boko Haram, y ambos agricultores decidieron huir con sus familias.
“Sabíamos que un día ellos (Boko Haram) nos matarían porque no los aceptábamos”, comentó Mallam, padre de cinco hijos.
Pero al llegar a zonas controladas por militares, fueron detenidos por sospechas de apoyar a los yihadistas.
Abubakar y Mallam dicen que permanecieron detenidos en las barracas de Giwa, una prisión militar, por ocho y cuatro meses, respectivamente.
– Condiciones deplorables –
“No había alimentos, inodoro, había parásitos por todo lado. Gente moría a diario”, contó Mallam.
De su lado, Abubakar fue colocado junto a su hijo de 13 años en una celda con 450 personas. Este grupo fue luego separado en dos y padre e hijo no volvieron a verse hasta casi seis años después, cuando Abubakar salió del programa.
Amnistía Internacional señaló en 2016 que los militares transfirieron a supuestos miembros y simpatizantes de Boko Haram a sitios de detención militar “incluso si no había evidencia de que la persona hubiera cometido actos de violencia”.
Consultado sobre las versiones de Abubakar y Mallam, el portavoz militar Onyema Nwachukwu dijo que, sin conocer sus casos específicos, que ambos “debieron haber estado involucrados, voluntaria o involuntariamente”.
Señaló que darle alimentos, combustible o medicamentos a Boko Haram, aunque sea por la fuerza, los hace sospechosos.
– “Nuestro deber” –
La experiencia de los exyihadistas Aliyu y Muhamad, que también fueron trasladados a Giwa tras haberse entregado, es similar y está repleta de malos recuerdos.
“Nos dijeron que estaríamos dos a tres meses en Giwa (…) pero fueron 18 meses”, contó Muhamad. “Fue muy horrible”.
Aliyu cuenta que fue radicalizado a los 18 años cuando un vecino comenzó a hablarle “del gobierno corrupto” y a darle dinero.
Lo persuadió de dejar su casa y viajar al bosque Sambisa, principal refugio de Boko Haram.
Tras estudiar el Corán y recibir entrenamiento básico, Aliyu, ahora con 28 años, llegó a ser combatiente y participó en “grandes ataques”.
“Lo hacíamos por la religión, era nuestro deber”, comentó.
Muhamad, de 25 años actualmente, era un niño mendigo cuando conoció a un predicador que le habló de Mohamed Yusuf, fundador de Boko Haram.
Su “mentor” lo mandó a una escuela religiosa y eventualmente fue enviado para la “yihad”, la guerra santa.
“Estaba ansioso por combatir”, contó Muhamad. “Entendí que librábamos una guerra contra el gobierno, nos enseñaban que éste era el camino correcto”.
Ambos estuvieron seis años en el movimiento, pero comenzaron a dudar de sus prácticas en 2016.
“Hacían cosas sin motivo, matar, robar, lo cual va contra las enseñanzas religiosas”, comentó Muhamad.
Cuando estos militantes escucharon que el gobierno ofrecía capacitación vocacional si se rendían, decidieron huir, pero pasarían casi dos años antes de ingresar a los programas de “desradicalización”.
– Proceso “opaco y sin control” –
El portavoz militar Nwachukwu aclaró que toma tiempo “determinar que genuinamente abandonaron la causa y están dispuestos a ser miembros responsables de la sociedad”.
Donantes internacionales y otros actores han criticado el proceso de control, diseñado para evitar que ingresen sospechosos de alto riesgo.
“Permanece opaco, sin control independiente, registros ni información pública sobre los criterios de evaluación”, dijo USAID en un informe reciente.
Muhamad y Aliyu aseguran que vieron a muchos civiles durante su detención.
“En mi celda de 260, éramos 12 de Boko Haram”, aseguró Aliyu.
Muhamad dijo que de los 300 de su celda, no más de 20 eran de Boko Haram.
La AFP no pudo verificar tales cifras, pero el director del programa, Maina, comentó que el proceso de evaluación de Giwa “puede ser imperfecto, pero es muy riguroso”.
Sin embargo, Amnistía Internacional apuntó que incluso aquellos considerados inocentes no son liberados rápidamente si antes habían permanecido mucho tiempo bajo Boko Haram.
Después de las barracas de Giwa, Abubakar y Mallam dijeron que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad de Maiduguri, donde permanecieron al menos otros tres años sin cargos.
“Yo esperaba que los militares me mantendrían a salvo, pero fue lo contrario”, se quejó Abubakar.
– Gran cambio –
Aliyu, Muhamad, Abubakar y Mallam llegaron finalmente al centro de rehabilitación de Gombe.
Recibieron cursos de carpintería, servicios de lavandería y soldadura, junto con asistencia de trabajadores sociales, expertos en uso de drogas, educadores y líderes espirituales.
“Podíamos dormir, teníamos redes contra mosquitos, almohadas”, recordó Abubakar.
Los analfabetos aprendían a leer y escribir y todos los participantes recibían materiales para contrarrestar las narrativas de los yihadistas.
Los dos excombatientes dicen que el programa les ayudó a cambiar su perspectiva.
“Si alguien hoy quisiera hacer la ‘yihad’, le diría ‘practique su religión en casa pero no vaya a combatir'”, afirmó Aliyu.
“Ellos (Boko Haram) traicionaron mi comprensión de la yihad para servir a sus intereses”, se quejó Muhamad.
Pero para Abubakar y Mallam, el tiempo en Gombe fue otra prolongación de su detención.
“Nos mandaron allí a sufrir, pero al menos nos liberaron”, dice Mallam.
Los cuatro dicen que permanecieron cerca de un año en Gombe, más del doble de lo programado.
Sus experiencias podrían influir en lo que ocurra con otros.
– Desempleo y hambre –
Tras jurar su alianza al Estado nigeriano y prometer no volver a combatir, los internos de Gombe reciben unos 20.000 naira (50 dólares, 42 euros) y van a un centro de transición antes de ser liberados.
Pero cuando Mallam se reencontró con su esposa después de cinco años de detención, el hambre la había cambiado por completo.
“Estuvo en un campamento donde no había nada de comida… Mis padres murieron y nuestros hijos están desnutridos”, contó.
Para Muhamad, su nueva vida también resultó más difícil de lo que se imaginó.
“Nos hablaron de empleos, pero al final no hay trabajo”, dijo. “¿Qué vida es esta? Me arrepiento de haberme entregado”.
Varias organizaciones caritativas y la OIM apoyan los esfuerzos de reinserción.
A los 12 años de iniciada la insurgencia, la ONU advierte que 4,3 millones de personas enfrentan falta de alimentos en el noreste.
Con la esperanza de terminar la guerra, y con cientos de deserciones en las últimas semanas, el gobierno y los donantes apuestan al programa de reinserción.
Pero para alcanzar su potencial, las autoridades deben demostrar que pueden llevar a los internos a “reinsertarse de nuevo en la sociedad de manera segura”, dijo el ICG.
“Hasta ahora, Corredor Seguro no ha sido capaz de ofrecer esas garantías”, advirtió.