En el documento le recuerdan al presidente Castillo que el estado de derecho se caracteriza por la distribución de funciones, lo cual “no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada”.
El Consejo de Estado, formado por el Poder Judicial, Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de la Nación, pidió ayer viernes al presidente peruano, Pedro Castillo, una reunión de urgencia debido al clima de inestabilidad política.
Mediante un oficio conjunto, publicado por la prensa, los integrantes del Consejo le piden a Castillo que convoque a una sesión urgente “debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública”.
En el documento le recuerdan que el estado de derecho se caracteriza por la distribución de funciones, lo cual “no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada”.
Por tal motivo, consideran que están “obligados a cooperar en la atención de los diversos problemas que enfrenta el país”.
La solicitud es firmada por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello; el contralor de la República, Nelson Shack, y el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
El Ejecutivo peruano se encuentra a la expectativa de que el Congreso reciba y debata una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, por parte de las bancadas de la oposición, que rechazaron sus respuestas en la interpelación realizada el jueves.
En el caso de que el Congreso apruebe la censura de Maraví, el primer ministro, Guido Bellido, adelantó que plantearían una cuestión de confianza a todo el gabinete, lo que forzaría una eventual remoción completa del consejo de ministros.
La Constitución peruana precisa que si el Parlamento rechaza dos pedidos de confianza del Ejecutivo, el presidente está facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas, tal como hizo Martín Vizcarra en 2019.
Durante su interpelación, Maraví negó haber participado y tampoco cometido “los hechos que se me atribuyen tendenciosamente”, en referencia a su presunta intervención en atentados terroristas en la región Ayacucho en los años 80.
“Hay supuestas imputaciones que luego fueron negadas ante un juez penal. Ninguno de los hechos que figuran en la pregunta formulada corresponden. Hay un sector de la prensa que ya no quiso investigar”, las denuncias, agregó el ministro.
Durante ayer viernes, el primer ministro matizó que la decisión sobre la confianza al gabinete se puede usar en el momento que corresponda y que no hay argumentos para censurar a Maraví.
“No hay elementos sólidos para poder censurar. Lo que hay es interés de revanchismo político contra este Gobierno. Como hemos visto esta moción que han firmado, está claramente orientado no al ministro Iber Maraví, sino hacia el presidente de la república”, declaró Bellido a la prensa.