“El tiempo de las palabras quedó atrás. Las consecuencias de la inacción ya se empiezan a reflejar”, señaló el gremio.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), destacó que desde enero de 2022, el Índice de Confianza del Consumidor ha reflejado niveles de desconfianza que no se veían desde los momentos más crudos de la pandemia del Covid-19, en junio de 2020.
De acuerdo con el gremio empresarial, la caída es el grito de la ciudadanía ante una realidad que no les genera esperanzas de cumplir con objetivos básicos como obtener un empleo o ahorrar.
Remarcó que para la medición de marzo 2022, 4 de cada 5 panameños muestra desconfianza sobre su estabilidad laboral y, por ende, las expectativas sobre la probabilidad de ahorrar dinero son similares.
Precisó que de manera coincidental, o tal vez como reflejo del estado del ánimo ciudadano, las últimas semanas se han caracterizado por cierres de calles organizados con el fin de, reclamar y exigir al Gobierno Nacional su atención en temas apremiantes, la mayoría relacionados con necesidades básicas, desde el acceso a agua potable y sistemas de acueductos y alcantarillados dignos, hasta reparaciones de calles y vías de comunicación y derecho a una educación de calidad.
“Reclamos que, si bien son justificados y demandan del sector público ejecuciones oportunas, irremediablemente terminan afectando los derechos de terceros y afectando la recuperación económica y la preservación de los empleos. La falta de acciones concretas y certeras, sumada a decisiones con fines políticos han logrado erosionar a estos niveles la confianza de los ciudadanos. Ni los cierres ni la inacción de las autoridades son admisibles. Tenemos que actuar”, puntualizó.
Desde antes de la pandemia, destacó que los sectores público y privado hemos trabajado en diferentes planes y acciones con el fin último de lograr un desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible.
“Conscientes de que tal ejecución debe estar respaldada por un trabajo conjunto, el sector privado ha planteado diferentes propuestas de acción que ahora requieren de una ejecución pública priorizada y asertiva para obtener resultados inmediatos y tangibles a la ciudadanía que logren reconstruir la confianza”, apuntó.
“El tiempo de las palabras quedó atrás. Las consecuencias de la inacción ya se empiezan a reflejar”, concluyó.