Este proyecto de Ley está pendiente de sanción por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
La Red de Centros de Competitividad Regionales Occidental, Central, Colón y la Región Oriental (RedCecomr’s), que presiden Felipe Ariel Rodríguez, Fulvia de Vargas y Maira Luque, emitieron un comunicado en el que plantean sus consideraciones sobre el proyecto de Ley 789, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística, en el país.
Por considerarlo de importancia, procedemos a divulgar el texto completo del comunicado emitido por la RedCecomr’s.
En una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo de Julio de 2019 llamada “La desigualdad de Panamá: Su carácter territorial y el papel de las inversiones públicas” se indica lo siguiente:
Pese a que durante los últimos años ha sido una de las economías más dinámicas de la región, Panamá continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina.
Si bien la desigualdad se ha reducido en este tiempo, lo ha hecho a un ritmo notablemente inferior al de otros países del entorno. Esta elevada desigualdad y su persistencia están estrechamente relacionadas con los fuertes desequilibrios territoriales que existen en el país”.
Esto se expresa claramente en la alta concentración de la generación de la riqueza de nuestra región interoceánica entre Panamá y Colón donde se genera más del 85% de PIB Nacional, mientras que en la inmensa mayoría de los territorios del país se genera no más del 15% de esta riqueza, lo cual no está permitiendo generar suficientes oportunidades produciéndose una alarmante e insostenible migración en especial de los jóvenes y los talentos humanos hacia la capital.
Uno de los motores económicos de alto potencial para los territorios fuera del distrito capital es el turismo, industria sin chimeneas, el cual se ha intentado incentivar con la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 sin lograr el impulso requerido.
Mediante la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019 se modifica el artículo 9 de la Ley 80 con el fin de propiciar la inversión y financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos fuera del distrito de Panamá, para lo cual se considerará 100% crédito fiscal para efectos del impuesto sobre la renta las sumas invertidas por personas naturales o jurídicas en la adquisición de bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística que desarrolla el proyecto.
Bajo estas condiciones se han evaluado 39 proyectos para aplicar a la ley cuya información se encuentra en la página WEB de la Autoridad de Turismo de Panamá con una potencial inversión total de $2,940 de lo cual $970 son proyectos ubicados en Bocas del Toro.
Por otro lado, el Proyecto de Ley 789 pendiente de la sanción por el presidente de la República reduce del 100% al 60% el crédito fiscal, excluye el valor del terreno y limita el otorgamiento del incentivo hasta el 31 de diciembre de 2024 entre otros ajustes a lo establecido en la Ley 122.
Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es que con base en el Modelo de Recaudación Fiscal elaborado en la Autoridad de Turismo, se demuestra que el balance entre el sacrificio fiscal otrogado por la ley y las recaudaciones durante la fase de construcción y la fase de operación es positiva a favor del Estado.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el país cuenta con el Plan Maestro de Turismo Sostenible que contempla el Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Potencial Turístico para impulsar destinos turísticos fuera del Distrito de Panamá (Bocas del Toro, Boquete, Tierras Altas, Pedasí, Santa Catalina y Taboga) con una Inversión de $100 millones; Tocumen S.A. se encuentra llevando a cabo el estudio para potenciar el uso de los aeropuertos Enrique Malek, Scarlett Martines y Enrique Adolfo Jimenez con posibilidades de tercerizar su administración; el Circuito del Café se encuentra listo para su promoción internacional; Ley de Promoción Turística; entre otras acciones importantes públicas y privadas.
Luego de las anteriores consideraciones concluimos lo siguiente:
1. La inseguridad Jurídica que se crearía al desconocer las aplicaciones que se han hecho a la ley vigente sería fatal para la imagen del país lo que afectaría negativamente la atracción de inversiones.
2. El proyecto de ley 789 debe ser sancionado ya que hace correcciones necesarias a la Ley 122. De no darse la sanción correspondiente al proyecto de Ley 789 seguirá vigente la Ley 122.
3. Panamá apalanca buena parte de su desarrollo a través de incentivos fiscales. En su página web la DGI los define como “una especie de aliciente o estimulo otorgado en forma de reducción, exención y/o subsidio a personas naturales y jurídicas, sujetos pasivos de un determinado impuesto a fin de estimular la producción, impulsar las exportaciones o aumentar el grado de inversión de determinadas actividades económicas y/o región del país consideraba de interés púbico para el Estado”. La Actividad Turística de interés nacional prioritario como lo establece la Ley 80, se merece este tipo de incentivos como lo han tenido otras actividades y en especial para impulsar los territorios apartados del desarrollo.
4. El gobierno nacional debe agilizar los proyectos y acciones que construyan nuevos destinos turísticos como los mencionados anteriormente.
5. El estímulo a la oferta que persigue el proyecto de Ley 789 debe ser acompañado de la efectiva ejecución de estrategias que estimulen la demanda tal como la contenida en la Ley que crea el Fondo de Promoción Turística Internacional y otros proyectos que requieren un mejora sustancial en su ejecución.
6. Que se conforme una mesa permanente con participación de los gremios privados mas representativos que, en coordinación con el Gabinete Turístico, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas trabaje en el correcto cumplimiento de la ley, en la formulación de criterios que la perfeccionen, en dar a conocer en detalle la Ley 80 y de la Ley 789 y en crear un mecanismo efectivo de seguimiento y ejecución de proyectos turísticos mediante una alianza público-privada.