Los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Segunda de lo Penal y su respectivo suplente quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre de 2022.
Ayer, el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó extender el término de la convocatoria para magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Segunda de lo Penal y su respectivo suplente, cargos que quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre de 2022.
También se avaló, por, por parte del Consejo de Ministros, incluir a los pescadores artesanales como beneficiarios del vale de combustible.
El proyecto de Resolución de Gabinete N°64-22 autoriza al ministro de la Presidencia, en su condición de secretario general del Consejo de Gabinete, para extender el término de la convocatoria pública para llenar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Segunda de lo Penal y su respectivo suplente, cargos que quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre de 2022.
El ministro de la Presidencia y secretario general del Consejo de Gabinete, José Gabriel Carrizo Jaén, explicó que esta decisión se tomó luego de que recibiera una nota de parte del procurador general de la Administración, en la que le notifica que nueve personas se han presentado como aspirantes al cargo y la comisión asesora considera conveniente extender el término de la convocatoria para darles oportunidad para que puedan cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.
El Consejo de Gabinete también aprobó el proyecto de Resolución de Gabinete 65-22, que modifica la Resolución de Gabinete N°60 del 19 de mayo de 2022, para incluir a los pescadores artesanales de pequeña escala y las embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros de pequeña escala en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, como beneficiarios del vale de combustible por tres meses.
En reunión previa del ministro de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad Marítima de Panamá, se acordó someter al Consejo de Gabinete la solicitud para modificar la Resolución 60 y que estas entidades tuvieran la capacidad de sufragar el pago del alivio temporal que el Gobierno otorga para enfrentar la inflación del combustible.
