Plantearon que necesitan una Ley que esté acorde con la realidad económica y las necesidades de cada comunidad.
Alcaldes, representantes de corregimientos, suplentes, directivos de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE), se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, con el propósito de modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.
En el encuentro, las autoridades locales conversaron acerca del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la licencia con sueldo a funcionarios.
A partir de este fallo, 72 representantes de corregimientos y 30 alcaldes, perdieron el beneficio de cobrar en entidades estatales de manera simultánea con los montos que devengan en los gobiernos locales.
En el encuentro con Adames, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Javier Sucre, dijo que se están viendo diferentes leyes para el mejoramiento y crecimiento económico del país, donde los representantes y alcaldes juegan un papel importante para que las mejoras puedan llegar el desarrollo a los pueblos.
En tanto, la representante del corregimiento de El Muñoz, de la ciudad de Las Tablas, provincia de los Santos, Ericka González, presentó una propuesta para que sea debatida la Ley de Descentralización, que esté acorde con la realidad económica y las necesidades de cada comunidad.
Cabe resaltar que Adames, en su discurso del 1 de julio, sostuvo que es imperativo que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones para su futuro; por esa razón, afirmó que revisarán la Ley 37, desnaturalizada en su contenido por la Ley 66 de 2016, mejor conocida como “la Ley Blandón”, que limita la capacidad de desarrollo de los municipios y juntas comunales.
Planteó que la revisarán para hacerla más dinámica, más operativa, más autónoma, con mayor control, robusta y que permita a la población panameña adueñarse de su propio proceso de desarrollo.
“La limitante de la actual Ley 37 es que se propicia el aporte a los gobiernos locales de los ingresos provenientes del impuesto de inmueble, que han demostrado no ser suficientes”, acotó.
Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), muchos alcaldes y representantes de corregimiento han amenazado con renunciar debido a que aseguran que el salario devengado no es suficiente para atender las necesidades que implican el cargo.
