Los procesados fueron condenados a pagar una multa de 500 dirhams (47 euros) y una indemnización de 3.500 dirham (329 euros) por los daños causados a los agentes y los bienes públicos.
El Juzgado de Primera Instancia de la localidad marroquí de Nador condenó hoy a once meses de prisión firme a cada uno de los 33 emigrantes detenidos en el asalto masivo a la valla de la ciudad española de Melilla, y que se saldó con la muerte de 23 de sus compañeros, informó a Efe su abogado, Mbarek Buyerek.
Los procesados fueron condenados a pagar una multa de 500 dirhams (47 euros) y una indemnización de 3.500 dirham (329 euros) por los daños causados a los agentes y los bienes públicos.
El juez dictó la sentencia de viva voz en un procedimiento abreviado, pero la notificará en las próximas horas de forma escrita a las partes.
En la penúltima sesión del proceso celebrada ayer, los procesados reconocieron haber entrado a Marruecos de forma ilegal, pero negaron el resto de cargos, que son “facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos”, “aglomeración armada en la vía pública” y “ultraje a funcionarios públicos”, entre otros.
Estas personas, la mayoría de ellas sudaneses, fueron detenidas durante el asalto masivo de la valla que separa entre Melilla y la provincia marroquí de Nador el pasado 24 de junio, y que se saldó también con 140 agentes marroquíes y 77 emigrantes heridos.
El pasado 4 de este mes, la defensa de estos 33 emigrantes alegó su estatuto de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional, pero el juez rechazó esta solicitud y mantuvo a todos en prisión.
A otros 32 emigrantes arrestados durante la intentona de cruzar a Melilla se les juzga por delitos más graves que a los de este grupo y está previsto que su juicio se celebre el día 27 de este mes tras ser pospuesto en una ocasión.
Estas personas, también de mayoría sudanesa, están procesadas ante el Tribunal de Apelación de Nador por facilitar la entrada y salida de personas a Marruecos “de forma habitual”, lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de seres humanos.
Asimismo, se les imputa secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlos como rehenes, provocar un incendio en el bosque donde vivían los emigrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.