La Constitución española impide explícitamente la separación de cualquier parte del territorio español. Sin embargo, el gobierno independentista de Cataluña de 2017 promovió la secesión unilateral, y por tanto ilegal, de esta región española.
El Gobierno español y las autoridades soberanistas de Cataluña acordaron este miércoles reforzar la presencia de la lengua catalana y desjudicializar la política como pasos para “superar el conflicto” en esa región, sometida durante años a fuertes tensiones independentistas.
Delegaciones de ambas partes, reunidas en Madrid, pactaron rechazar la “criminalización de los proyectos políticos democráticos”, abogan por reformas que acaben con la judicialización de la política en Cataluña y apuestan por “la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia”.
El documento subraya que esa superación del “conflicto político” siempre debe respetar la seguridad jurídica y el ordenamiento democrático.
La Constitución española impide explícitamente la separación de cualquier parte del territorio español. Sin embargo, el gobierno independentista de Cataluña de 2017 promovió la secesión unilateral, y por tanto ilegal, de esta región española.
Nueve líderes soberanistas fueron condenados por esos hechos a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición e indultados en 2021 por el actual Gobierno español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, mientras que el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue huido de la Justicia.
En esta legislatura, Sánchez no dispone de mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario, así que necesita apoyarse constantemente en otros partidos, como ERC, que es parte del gobierno independentista catalán.
“Abandonamos los monólogos y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política”, dijo este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión con la delegación catalana.
Por su parte, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, incidió en que se trata de un “paso imprescindible” para afrontar la “resolución del conflicto político en Cataluña”.
Vilagrà celebró estos avances, pero también avisó de que, “si hay una democratización de las leyes, incluso el derecho a la autodeterminación tiene cabida”.
Y mientras no se reconozca ese “derecho”, la solución para resolver el “conflicto catalán” seguirá estando “lejos”, advirtió.
También acordaron reforzar la autonomía del idioma catalán, tanto en su uso en los centros educativos de Cataluña como en el Parlamento Europeo, donde pedirán que pueda hablarse en las sesiones plenarias, o en el Senado español.
El acuerdo sellado hoy avala la fórmula aprobada por el Parlamento regional para garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela y reconocer asimismo el “uso curricular” del español.
Este es un asunto muy polémico políticamente y socialmente, pues la Justicia ha determinado la obligación de impartir al menos un 25 % de clases en castellano en los colegios catalanes.