A mediados de junio, los feligreses de la Convención Bautista del Sur aprobaron la creación y divulgación de un registro de pastores que hayan cometido abusos sexuales, tras conocer un informe que evidenciaba los intentos anteriores por ocultar estos casos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abierta una investigación contra la Iglesia Bautista del Sur, el mayor credo protestante del país, por abusos sexuales, según informó este viernes la propia congregación en un comunicado.
Los responsables de la Iglesia aseguraron estar cooperando de forma “completa” con las pesquisas y reiteraron que lamentan los “errores” del pasado.
A mediados de junio, los feligreses de la Convención Bautista del Sur aprobaron la creación y divulgación de un registro de pastores que hayan cometido abusos sexuales, tras conocer un informe que evidenciaba los intentos anteriores por ocultar estos casos.
El voto tuvo lugar durante la reunión anual de esta Iglesia, que se celebró al sur de Los Ángeles, y a la que acudieron unas 8.000 personas para decidir el futuro del mayor credo protestante de EE.UU., con casi 15 millones de miembros y más de 47.000 iglesias en todo el país.
La mayoría de los asistentes dieron el visto bueno tanto a publicar los nombres asociados a denuncias de abuso como a mantener actualizado ese listado con los casos que se descubran en el futuro.
La decisión llegó después de que en mayo se diera a conocer un informe independiente, encargado por la propia institución, que concluyó que los líderes de la Iglesia ignoraron e incluso intimidaron a las víctimas de abuso y ocultaron sus denuncias durante al menos dos décadas.
La investigación, elaborada por la empresa Guidepost Solutions, cubría las denuncias de niños, niñas y mujeres contra pastores y empleados de las iglesias del grupo desde el año 2000.
Según detalló el informe, la cúpula de la Iglesia ya tenía en sus manos una lista detallada de religiosos acusados de abuso, pero la mantuvo en secreto mientras muchos de los que aparecían en ese registro continuaron trabajando en templos repartidos en todo el país.
Antes, la entidad había defendido que no podía recopilar información sobre los presuntos abusos por interferir con la autonomía de las diferentes iglesias.