Explicó que más del 80% de la población cotiza en la CSS con la expectativa de recibir una pensión cuando ya no puedan ser parte de la población laboralmente activa.
“El diagnóstico estaba hecho, el paciente ya había conseguido una cama y sabía que su estado era crítico. La pandemia de COVID-19 y el consecuente aumento del desempleo y la informalidad agravaron exponencialmente las circunstancias del entorno y, con ello, se redujo las posibilidades de recobro del enfermo, quien trágicamente continúa agonizando mientras espera que alguien tome el liderazgo que defina su suerte”. Esta es la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), en la cual estamos representados todos los panameños, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
De acuerdo con el principal gremio empresarial del país, “lo cierto es, que ya desde el último parche al sistema que se introdujo hace 15 años, se sabía que solo se estaba comprando tiempo”.
Apuntó que la necesidad de una reforma estructural, la cual resultaría dolorosa para todos, era inminente. Sin embargo, ninguna de las administraciones gubernamentales quiso asumir el reto, sin mayor justificación que evitar el tener que atender un problema de esa envergadura y su consecuente costo político. La CCIAP se preguntó ¿Y es que acaso el rol principal del Gobierno no es implementar las medidas que generen el mayor beneficio para nuestra población por encima de las consideraciones políticas?
Explicó que más del 80% de la población cotiza en la CSS con la expectativa de recibir una pensión cuando ya no puedan ser parte de la población laboralmente activa.
Lo cierto es que, señaló que en la década de 1940, cuando se creó la institución, las personas vivían un promedio de 10 años más después de la edad de jubilación; hoy la expectativa de vida se ha extendido a más de 25 años y continúa extendiéndose. La matemática simplemente no da, los aportes y sus rendimientos no alcanzan, y por razón de ello se han drenado las reservas al punto en que están por desaparecer.
La Junta Técnica Actuarial determinó que el tiempo se acabó, las reservas alcanzan hasta el último trimestre del año 2023. Se nos muere el paciente y con ello no solo tendremos que introducir los cambios estructurales que por años hemos evitado implementar, sino que el costo por estar hospitalizados por tanto tiempo será más alto para todos.
Puntualizó que por más de 15 años, ha insistido y ha hecho llamados por reformas urgentes a la estructura y gobernanza de la CSS. El Gobierno Nacional no tiene más tiempo y tiene que actuar.
En 2021, el sector empleador participó del diálogo establecido por el Gobierno Nacional, reiterando la importancia y necesidad de que el sector trabajador fuera para de este. De allí que, en su momento, consideramos beneficioso la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – institución que cuenta con el aval de ambas partes. Sin embargo, se dijo que este organismo entregaría un informe entre julio y agosto de este año, pero este no llega; mientras tanto, la CSS agoniza, y realmente no aguanta ni un segundo más.
“El diagnóstico esta dado desde hace años; sin embargo, esta administración tiene la última oportunidad de liderar un cambio en el sistema que garantice su sostenibilidad económica y el bienestar futuro de todos los panameños”, aseveró.
Agregó que plantear propuestas cortoplacistas que obvien la realidad demográfica y económica del país es engañar a la población, y condenar el país al fracaso. El momento nos exige ser realistas y afrontar la situación de forma responsable, con el fin de asegurar el futuro de todos los panameños. ¡Señor Presidente! si hay una decisión que debe ser tomada con un impacto profundo para la calidad de vida de su pueblo es esta. Salve a nuestro paciente.