Este grupo tenía como finalidad el presunto envío de sustancias ilícitas al continente europeo y Las Bahamas.
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la detención provisional para 22 personas, 12 arrestos domiciliarios, 5 notificaciones periódicas y 2 condenas como resultado de la operación “Fuego”, realizada el 24 de agosto de 2022, en Panamá, Colón y Panamá Oeste.
En la audiencia de garantías que duró 11 días, luego de valorar los elementos de convicción con que cuenta la investigación que inició en febrero de 2019, presentados por los fiscales Joseph Diaz y Johana Quiel, la juez Janina Mosquera dio por presentada la imputación de cargos por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas en perjuicio de la sociedad, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos.
La fiscalía sustentó la solicitud de la medida cautelar de detención provisional al considerar que es proporcional por tratarse de delitos graves, como el de blanqueo de capitales que, aunado a los delitos relacionados con drogas, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, denota la necesidad y se hace indispensable garantizar los indicios y posibles evidencias que pueden ser objeto de confinamiento; además, la gravedad de los hechos que mantienen condiciones trasnacionales y el acuerdo entre personas para el negocio ilícito entre otros.
Durante el desarrollo de la audiencia se lograron dos condenas a 60 meses de prisión, mediante acuerdo de pena para el doctor Virgilio Córdoba, por la comisión del delito de corrupción de funcionarios públicos y para el señor Roberto Henry por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
Este grupo tenía como finalidad el presunto envío de sustancias ilícitas al continente europeo y Las Bahamas, a través de los puertos de la provincia de Colón y mediante vehículos con doble fondo desde la ciudad de Panamá hacia la frontera con Costa Rica, para continuar su tránsito hasta Norteamérica.
El modus operandi consistió en coordinar toda la logística de las actividades ilícitas a través de reuniones y comunicaciones telefónicas teniendo como área operativa principal la provincia de Colón.