El Senado chileno vota este martes entre gran expectativa el llamado TPP-11, que está considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo y genera gran polémica en Chile, sobre todo su mecanismo de resolución de conflictos.
La Cámara de Diputados lo aprobó en 2019 con un estrecho margen y, tras pasar varios años en un cajón, el Senado retomó a finales de septiembre su discusión.
En vigor desde diciembre de 2018, el acuerdo busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba Estados Unidos hasta que el expresidente Donald Trump anunció su retirada al poco de tomar posesión en 2017.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 “líneas arancelarias” (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.
Según Hernán Díaz, de la Universidad de Talca, el tratado “permitirá una mayor integración entre países, potenciará el desarrollo de nuevos mercados e incentivará la participación de nuevos exportadores, en particular las pymes”.
El experto reconoció a EFE que el acuerdo, al igual que el resto de pactos de este tipo, implica cierta pérdida de soberanía porque “renuncias en parte dado que te sometes a otras reglas en forma voluntaria”.
Díaz aseguró, sin embargo, que la discusión del tratado ha estado envuelta en muchas “fake-news”, como aquellas que apuntan “que profundizará el modelo neoliberal” o “impedirá dictar normas ambientales”.
Una de las coaliciones del Gobierno chileno, Apruebo Dignidad, con la que el presidente Gabriel Boric ganó las elecciones, está en contra del tratado.
La otra coalición oficialista, Socialismo Democrático (centro izquierda), está dividida en su apoyo a la ratificación del tratado y el gran punto de discordia es el mecanismo de resolución de conflictos.
El Gobierno chileno está negociando con los otros países del acuerdo eximirse de esa cláusula, lo que podría ayudar a su ratificación este martes en el Senado.