Este es el resultado del esfuerzo del equipo de gobierno y de las consultas que se realizaron de manera presencial y virtual, según el Mides.
El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, autorizó a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, a presentar ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 28-22 que establece el marco de la política de juventud y dicta otras disposiciones.
Por primera vez en la historia, Panamá contará con una Ley de Política Pública de Juventud, avanzando con pasos firmes a nivel de institucionalidad.
Con esta acción, esta administración no solo tendría como logro rescatar este legado pendiente para los jóvenes, sino que estaría avanzando casi 15 años de atraso.
El propósito de este proyecto de Ley es el de fortalecer la obligatoriedad, actuación y cumplimiento de la Política Pública de Juventud del país, así como promover y garantizar los derechos de nuestros jóvenes, en torno a lo político, social y económico.
Además, establece la gobernanza para darle sostenibilidad en el tiempo a todos los esfuerzos dirigidos a jóvenes, desde el nivel institucional y su correlación con otros actores.
La ministra de Desarrollo Social fue autorizada a presentar el proyecto de Ley 28-22 ante la Asamblea Nacional, mediante la aprobación del Proyecto de Resolución 119-22.
Edmavi González, Coordinadora Nacional de Programas y Proyectos de Juventud del Mides, explicó que la normativa establece lineamientos de la política pública y cierta obligatoriedad en su cumplimiento o desarrollo.
Indicó que se estaría dando vida jurídica al Consejo Nacional de la Juventud y sostenibilidad en el tiempo.
La propuesta de ley establece principios y señala quiénes son los entes responsables para su cumplimiento, así como el establecimiento del marco jurídico que promueva el ejercicio de los derechos fundamentales de la juventud para su desarrollo integral.
Con esta política el Gobierno Nacional le brinda oportunidades a la juventud.
Presupuesto
El consejo de ministros también aprobó el Proyecto de Resolución de Gabinete 118-22 que autoriza modificaciones al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2023, presentado por la Asamblea Nacional.
Carlos González, director de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) explicó que la Asamblea Nacional presentó una contrapropuesta al Gobierno, ya que en las vistas presupuestarias recibieron solicitudes de aumento por varias entidades.
El presupuesto General del Estado original presentado ante la Asamblea fue por el monto de B/. 27,162.9 millones y con la modificación quedaría en B/. 27,579 millones explicó González ante el Consejo de Gabinete.
En cuanto a lo asignado por sector, el de Salud quedaría con el 17% del presupuesto; Educación 12% del presupuesto que equivale al 5.5% del PIB del año anterior.
El director de Presupuesto explicó que, en el tema de Justicia, este sector estaría recibiendo 591 millones, lo que equivale al 5.4% y que según la Constitución la obligación es no asignar menos del 2%.
“Se ha hecho un esfuerzo especial para que el sector justicia tenga los recursos que le permita disminuir significativamente la mora judicial, modernizar su sistema y apoyar el esfuerzo que está haciendo el país por responder ante la comunidad internacional y salir lo antes posible de las no merecidas listas”, agregó.
Mientras que el sector de seguridad, se le otorgaría el 7% entre otros.