Según el Ministerio Público, el exfuncionario intentó ocultar el origen de los dineros adquiridos como servidor público.
Este viernes, la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio para Adolfo “Chichi” De Obarrio por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
De Obarrio fungió como exsecretario privado presidencial y exdirector ejecutivo institucional del Ministerio de la Presidencia en el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli Berrocal.
En un comunicado, el Ministerio Público explicó que en audiencia preliminar, la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción, representada por el fiscal superior Edwin Juárez Duarte, solicitó llamamiento a juicio para 4 personas entre estos al exsecretario presidencial (2009-2014), ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales del Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Celia De La Rosa, la cual se acogió al termino para decidir; por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado.
Lo anterior relacionado con el Informe de Auditoría Núm.04-2016-DIAF emitido por la Contraloría General de la República, conforme al incremento patrimonial injustificado del exsecretario privado presidencial y exdirector ejecutivo institucional del Ministerio de la Presidencia (2009-2014).
En dicho informe se determinó que, en el periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2015, De Obarrio, obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por el valor de B/.1,011,265.15; mientras que el total de los recursos monetarios utilizados totalizaron B/.4,738,235.73, estableciéndose una marcada diferencia por B/.3,726,970.58.
Aunado a lo anterior, según el Ministerio Público, el exfuncionario a nombre propio y a través de interpuestas personas, realizó compras de lingotes de oro, propiedades, inversiones, pago de tarjeta de créditos y pagos a préstamos hipotecarios.
Además, compra de póliza de seguro, compra de joyas, transferencias bancarias internacionales, entre otros; con el propósito de eludir u ocultar el origen ilícito de los dineros adquiridos durante el período en que fungió como servidor público.