En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó ayer domingo que “el momento constituyente sigue plenamente vigente y si no lo resolvemos es una bomba de tiempo”, en referencia al lento avance de las negociaciones sobre la materia en el Congreso.
Respecto al aplastante triunfo del rechazo a la propuesta constitucional, Boric señaló que “el resultado fue sin lugar a dudas un momento muy complejo políticamente”.
“Cometimos un error al embriagarnos, de alguna manera, con el resultado del plebiscito de entrada y el resultado de la elección de convencionales”, apuntó el mandatario, cuyo gobierno señaló antes del referéndum que el cambio constitucional era clave para impulsar su programa.
A su vez, apuntó que espera que “la derecha y los sectores que defendieron la opción legítima del Rechazo no cometan ese mismo error”, en medio de los cuestionamientos por el lento avance de las negociaciones en el Congreso por un nuevo proceso constituyente.
Los partidos con representación parlamentaria, con excepción del ultraderechista Partido Republicano, participan hace semanas en un diálogo sin frutos a la fecha para dar forma a la redacción de una nueva ley fundamental.
Además, el Jefe de Estado chileno comentó otro de los pasajes más difíciles de sus ocho meses de administración: la fallida visita de su otrora ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía, zona que él acaba de visitar y que es escenario de un enconado conflicto territorial que enfrenta a comunidades indígenas, empresas forestales y el Estado.
“Fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo, y en esto no estoy responsabilizando, tengo la mejor opinión de la ministra Siches, y espero a que volvamos a colaborar pronto. Esto fue una responsabilidad de todo el Gobierno y nos dimos cuenta de que, efectivamente, otra cosa es con guitarra”, reconoció.
Sobre el conflicto en el sur, apuntó que se está trabajando en una “ley contra el crimen organizado”.
“Hay que tener una estrategia contra el crimen organizado, que no es principalmente mapuche. Hay grupos que se escudan en la causa mapuche para generar daños”, además enfatizó que en La Araucanía “hay una debilidad del Estado”.
Desde mayo pasado en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso en 11 oportunidades, herramienta constitucional que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y fincas y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado y se han registrado, además, la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.