La CIDH valoró que el Estado peruano esté brindando protección material a Benavides, y que incluso haya aumentado el equipo de personas que integran su esquema de seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares de protección a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, y a su núcleo familiar, al considerar que sus “derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo” en el contexto de “crisis institucional” que vive el país.
El organismo informó en un comunicado que, al momento de valorar la solicitud, la comisión “destacó el contexto actual por el que viene atravesando el país”, donde las protestas antigubernamentales han cobrado la vida de 69 personas desde diciembre, así como las actividades que ejerce la fiscal, que son “notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad”.
“Se consideró que Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la fiscalía General de la Nación”, enfatizó.
La CIDH valoró que el Estado peruano esté brindando protección material a Benavides, y que incluso haya aumentado el equipo de personas que integran su esquema de seguridad, pero aseguró que “dada la situación planteada se estima que este no sería suficiente y su incremento habría sido denegado”.
En este sentido, la comisión solicitó a Perú adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la fiscal y su familia.
Además, pidió que se conciernen las medidas a implementarse y que se informe sobre las acciones adelantadas para investigar los “presuntos hechos” que dieron lugar a la resolución mediante la cual la CIDH le otorga medidas cautelares de protección a la fiscal, y así “evitar su repetición”.
La CIDH concluyó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”.
Según figura en la resolución de la CIDH, la solicitud de medidas cautelares a favor de Benavides fue presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2021, cuando la fiscal investigaba por corrupción al entonces presidente Pedro Castillo y otros altos funcionarios de su Gobierno.
Luego, en enero de este año, en pleno auge de las protestas antigubernamentales, el Ministerio Público alegó que, durante las marchas, diversas sedes de la Fiscalía habían sido dañadas y quemadas.
A juicio de la comisión, estos actos demostrarían que existe un “repudio” hacia la Fiscalía, dirigido contra Benavides, por parte de “azuzadores que buscan desestabilizar la democracia peruana”, entre los cuales “estaría el expresidente Castillo”.