Según el Minseg, la propuesta incorpora las mejores prácticas a nivel internacional con un enfoque social, sujeto al orden público y al bienestar de la población, inherente a los fines constitucionales de la justicia social.
La comisión de Asuntos Jurídicos recibió este miércoles a Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública y la Dra. Aura Guerra de Villalaz, Socia Fundadora de Villalaz y Asociados, para realizar un examen del proyecto de extinción de dominio.
“Desde la APEDE el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Antonio Vargas, recomendó al ministro de Seguridad ampliar el debate de la Ley de Extinción de Dominio a la sociedad civil para que conozca en detalle las implicaciones de este texto legal”, publicó la asociación a través de su cuenta oficial de Twitter.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad Pública, señaló que el ministro planteó la necesidad de retomar la discusión de esta propuesta, que promueve su incorporación al ordenamiento jurídico panameño, para reducir la capacidad financiera y operativa del crimen organizado.
Además, puntualizó que la intención es desmotivar y desalentar a las nuevas generaciones de hacer del delito su forma de vida, toda vez que los recursos obtenidos de actividades criminales no gozan de legitimidad ni de protección constitucional.
Con la extinción de dominio de bienes ilícitos, dijo el ministro, se busca evitar que los dineros obtenidos a través del delito, en cualquiera de sus modalidades, se intente legitimar para perpetuar la dinámica criminal, promover carga ilícita, reclutar personas, promover el sicariato, corrupción y la violencia en general.
En este contexto, señaló, que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) mantiene el firme compromiso de luchar contra la criminalidad organizada, mediante un trabajo interinstitucional y coordinado, a través de planes, programas y proyectos encaminados en la lucha contra el crimen organizado.
El secretario general del Minseg, Jonathan Riggs, quien complementó la explicación del ministro Pino, indicó que esta administración tiene la responsabilidad histórica de evitar que el crimen organizado siga expandiendo sus redes criminales y afecte la colectividad, porque “lamentablemente nos vemos afectados en el desarrollo humano sostenible, ese crimen organizado que atenta la seguridad interna del Estado, la convivencia pacífica y seguridad democrática”.
Sobre este tema, el exdiputado Juan Carlos Arosemena puntualizó, que es el momento apropiado para que haya el debate nacional no solamente en la Asamblea ni en el Colegio de Abogados, sino de todos los actores para ver los pro y contra del proyecto de ley y buscar solución, “pero necesitamos esa herramienta para combatir a la mafia internacional”.
