La propuesta de Ley tiene como finalidad establecer lazos de fortalecimiento entre universidades estales, que permita el intercambio docente y así como equipos para proyectos de investigación, ya que con esto se agilizarían y optimizarían los gastos.
La creación del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Oficiales de la República de Panamá, fue aprobada ayer por el pleno de la Asamblea Nacional (AN), a través del proyecto de ley 864.
La propuesta de Ley tiene como finalidad establecer lazos de fortalecimiento entre universidades estales, que permita el intercambio docente y así como equipos para proyectos de investigación, ya que con esto se agilizarían y optimizarían los gastos.
Al respecto, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, afirmó que, dentro de las funciones del Consejo Nacional de Rectores, está la elaboración del Plan Nacional de Educación Superior, donde cada cinco años se presenta una propuesta al país, al Ministerio de Educación sobre un plan nacional sobre educación superior.
Para la máxima autoridad de la Universidad de Panamá, hace 22 años se tuvo el sueño de hermanar a las universidades públicas.
“Le correspondió a esta Asamblea Nacional con visión, con amor a la patria, con compromiso a la educación pública superior de calidad, aprobar esta propuesta y no se tiene la menor duda de que el presidente Laurentino Cortizo la sancionará”, explicó.
Durante los dos primeros años, este consejo será regido por la universidad más antigua del país, en este caso la Universidad de Panamá; luego le correspondería a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI); posteriormente, a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y a la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) para que dentro de diez años se renueve la secuencia.
En cuanto a los beneficios de la ley, citó el intercambio de docentes de distintas cátedras de las universidades del Estado. También, se refirió al intercambio de equipos entre las universidades oficiales como un aprovechamiento para apoyar a los centros académicos que no cuenten con estos dispositivos.