La decisión del tribunal se plasmó en el Edito No. 23-1274.
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no admitió un amparo de garantías constitucionales promovido por el expresidente Juan Carlos Varela en contra del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, precedido por la jueza Baloisa Marquínez.
El pasado 8 de noviembre de 2022, la jueza Marquínez ordenó el llamamiento a juicio del exmandatario Varela y otras 35 personas por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
El edicto del fallo que emitió el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se plasmó ayer 4 de abril de 2023, en un lugar visible en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, para notificar a los interesados de la decisión adoptada.
El recurso legal se presentó de manos de los abogados Erasmo Muñoz Marín y Orison Plinio Cogley, del equipo legal del expresidente Varela.
En el caso Odebrecht, la jueza Marquínez programó el juicio a realizarse desde el 1 al 18 de agosto de 2023 como fecha principal, y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 octubre de 2023.
En su momento, tras conocer sobre el llamamiento a juicio, el exgobernante panameño (2014-2019) señaló que enfrentará un injusto proceso convencido de su “inocencia” y con la convicción que está ante una bien definida estrategia política utilizada en su campaña por el partido de gobierno, la cual afirmó, vencerá con “la verdad en la instancia que corresponda”
Además del expresidente Varela también será juzgado por este caso el exmandatario Ricardo Martinelli, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, cinco exministros, empresarios, personas naturales y jurídicas y otros.
En 2016, la constructora Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
