Se identificó en este tema tres etapas.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, a través de una mesa técnica presidida por la diputada Corina Cano, continuó hoy con el análisis y estudio del proyecto de ley 625 “Que Adopta la legislación de Extinción de dominio de Bienes Ilícitos”, propuesto por el Ejecutivo Ministerio de Seguridad.
“Hay opiniones relacionadas al tema de la extinción de dominio, si lo debe llevar la jurisdicción civil, por parte del Órgano Judicial. Se ha identificado que este tema es de tres etapas, la primera etapa relacionada a la etapa de investigación, y hay opiniones que, si lo debe llevar un fiscal totalmente autónomo e independiente o si lo debe llevar el Ministerio Público”, expresó la diputada Cano.
Añadió que existen dos temas muy importantes en la discusión de este proyecto de extinción de dominio, “Lo primero, es que sean entidades totalmente autónomas, para darle las garantías al ciudadano y, en segundo lugar, buscar la manera de que haya un equilibrio para que se respeten esas garantías fundamentales que establece la constitución política nacional y armonizar la ley”.
Indicó la diputada que “Esta iniciativa va dirigida a la persecución de esos bienes que son producto de actividades ilícitas más que nada a la persecución de los bienes adquiridos por el crimen organizado”.
Manifestó que, hasta el momento, en las mesas técnicas, se han identificado las tres fases, entre ellas, la fase de investigación, la fase del juicio y, por último, la fase de las conservación y subasta de los bienes que están relacionados con el crimen organizado.
Según Cano, los avances que se han obtenido de esta reunión que, a su parecer, se han tornado muy interesantes y se han escuchado diferentes opiniones por parte de Juristas y expertos en la materia para lograr un documento bien redactado.
Es importante resaltar que la Jurisdicción de Extinción de Dominio es una de las herramientas utilizadas internacionalmente para bloquear el acceso de organizaciones criminales para financiar el delito en los países; al tiempo que, el dinero incautado podría ser destinado para el resarcimiento de las víctimas.
Durante el estudio y análisis de esta iniciativa de ley, estuvieron presentes asesores de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, juristas, representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad (MINSEG), integrantes de la sociedad civil, entre otros, quienes dieron sus aportes.