Frente al aumento de los delitos violentos, el Estado chileno ha impulsado leyes contra el secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio, una suerte de legislación “en caliente, reactiva” que Alejandra Lukene cree riesgosa.
Todos los miércoles por la tarde la escena es la misma en la esquina de las calles Matta y Portugal, en el corazón de Santiago: “¡No más pasta base! ¡No más asaltos!”
Los vecinos, con banderas negras y megáfonos, se organizan por su cuenta mientras intentan levantar un grito de auxilio a las autoridades frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico que en el último tiempo ha penetrado con fuerza en Chile y ha disparado la violencia como nunca antes en su barrio y en otras zonas del país.
Participantes de la protesta dijeron a EFE que el deterioro ha sido “persistente” y que, tras los momentos más álgidos de la pandemia, la inseguridad explotó y por ello se vieron obligados a organizarse.
“De un momento a otro nos dimos cuenta que no había presencia policial ni organismos fiscalizadores, por eso decidimos unirnos y vencer nuestras barreras –incluso las políticas– para que el Estado responda”, contó a EFE el dirigente vecinal Leonardo Núñez.
La parte positiva es que la falta de seguridad y protección ha potenciado la necesidad de reencontrarse en esta zona de Santiago, donde las organizaciones comunitarias habían perdido fuerza y participación, dicen los mismos residentes.
Para Sylvia Contreras, integrante de una red de mujeres cuidadoras del barrio, “la labor de las organizaciones sociales es fundamental” para garantizar la seguridad, más allá de que se aumente la presencia policial.
CONSENSO EN LOS BARRIOS
En este espacio conviven posturas políticas diametralmente opuestas, personas de extrema derecha dialogan con otras que militan en la izquierda y, a diferencia de los partidos en el Congreso, en el barrio sí logran consensos frente al problema común.
Entienden, por ejemplo, que seguridad “no solo significa más policías, sino también políticas sociales”.
El barrio ha protagonizado la crónica roja durante los últimos dos meses. El 15 de marzo fue hallado en plena vía pública un cuerpo baleado por la espalda, en la esquina donde los vecinos comenzaron a manifestarse.
Pocos días después, un comerciante fue asesinado con un tiro en la cabeza en un violento asalto. A comienzos de abril un agente de Carabineros murió tras un disparo frontal en un operativo.
“Nos sentimos como un laboratorio de las bandas narco que llegaron al barrio y se dieron cuenta de la fragilidad institucional que tenemos. Estamos en un nivel de decadencia que nos alarma”, lamenta Leonardo Núñez.
UN PROBLEMA MUNICIPAL
Esas dinámicas de violencia se replican en muchos otros sectores de la Región Metropolitana y, en particular, en la comuna de Santiago, donde un catastro de las autoridades estima que 85 casas han sido tomadas para fines delictivos, algunas desde 2017, confirmaron a EFE fuentes municipales.
“En las últimas dos semanas hemos logrado recuperar tres inmuebles vinculados al tráfico de drogas y a focos de delincuencia que, además, presentaban subarriendo irregular en condiciones de hacinamiento, con el potencial riesgo que eso implica”, dijo a EFE la alcaldesa de Santiago, la comunista Irací Hassler.
La edil añadió que la Municipalidad capitalina, que la semana pasada emprendió el plan Santiago Seguro para reforzar la seguridad en el centro histórico, “trabaja en conjunto” con los vecinos de Matta Sur para “recoger y canalizar” las denuncias sobre inmuebles ocupados por el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia.
“UN CHEQUE EN BLANCO”
El impacto de la violencia en el día a día de los residentes es tal que, en un mes, en dos zonas se suspendieron las clases por los riesgos de los funerales de los narcotraficantes, que multiplican su poder a medida que ocupan espacios públicos.
La cara más cruda se plasma en los datos sobre el aumento de delitos violentos y homicidios: según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 la tasa de asesinatos fue de 4,7 por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media de Latinoamérica, pero que supone un aumento del 34,3 % respecto al año anterior.
Para la investigadora del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, Alejandra Luneke, estudiosa de las dinámicas territoriales del narcotráfico en zonas periféricas, la elección del “pericentro” de Santiago “no es casual”.
“Hay una lógica sobre el rol que cumplen esos territorios [donde se instala el narco] en el mercado de la droga”, dijo la especialista a EFE.
Frente al aumento de los delitos violentos, el Estado chileno ha impulsado leyes contra el secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio, una suerte de legislación “en caliente, reactiva” que Lukene cree riesgosa.
“Toda la política ‘antinarco’ que se ha lanzado ahora supone que en la institucionalidad no hay corrupción. No hay mecanismos para dar cuenta de ello en la institucionalidad judicial y policial, se está dando un cheque en blanco”, concluyó