Los magistrados acordaron instruir a sus dependencias para que agilicen la entrega de la información solicitada por la FGE, requerida para complementar sus investigaciones de campo, para hacer imputaciones penales a los electores que no residen en el precitado corregimiento y aparecen en el PEP.
El Tribunal Electoral (TE) y la Fiscalía General Electoral (FGE), emitieron un comunicado, relativo a la reunión de coordinación que sostuvieron hoy, en relación al Plan General de Elecciones (PLAGEL), especialmente en lo concerniente a “la distorsión entre el Padrón Electoral Preliminar (PEP) del corregimiento de San Felipe, en el distrito de Panamá, y los resultados del Censo de Población y Vivienda de la Contraloría General de la República”.
Por el interés que se merece, publicamos el texto completo del mencionado comunicado:
“Hoy, 21 de septiembre de 2023, el Pleno del Tribunal Electoral se trasladó a la sede de la Fiscalía General Electoral (FGE) para coordinar temas del Plan General de Elecciones (PLAGEL).
El fiscal general electoral dio a conocer las gestiones que ha adelantado y que pondrá en ejecución, como parte de la investigación de oficio que se inició el 31 de agosto de 2023, sobre la distorsión entre el Padrón Electoral Preliminar (PEP) del corregimiento de San Felipe, en el distrito de Panamá, y los resultados del Censo de Población y Vivienda de la Contraloría General de la República, y a la cual se acumularon dos denuncias posteriores: una del 7 de septiembre, de parte del licenciado Daniel Lombana, y la otra del 8 de septiembre, del licenciado Octavio Del Moral.
Los magistrados acordaron instruir a sus dependencias para que agilicen la entrega de la información solicitada por la Fiscalía General Electoral y que es requerida para complementar sus investigaciones de campo, a fin de hacer imputaciones penales a los electores que no residen en el precitado corregimiento y aparecen en el Padrón Preliminar, los cuales pudieran enfrentar cargos tanto por cambio doloso de residencia como por hacer falsas declaraciones juradas ante el Tribunal Electoral y sus dependencias, delitos que no solamente conllevan penas de días multa, sino de seis a doce meses de prisión más la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual tiempo.
La Fiscalía General Electoral se ha organizado para levantar la mayor cantidad de investigaciones posibles para llevarlas ante los juzgados penales electorales antes de la elección del 5 de mayo de 2024”.