Las defensas técnicas particulares y públicas, al igual que el Ministerio Público, anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas
El juez de garantías del Primer Distrito Judicial, Justo Vargas, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para 9 ciudadanos, mientras que a dos ciudadanos se les aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria por la posible comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
El acto de audiencia comenzó el jueves 21 de septiembre a la 1:00 p.m. y culminó a las 7:00 p.m. del viernes 22 de septiembre, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. El juzgador, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes, fundamentó su decisión de aplicar la medida de restricción de la libertad por ser necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a los riesgos procesales de peligro para la comunidad y por la naturaleza grave de los hechos.
Previamente, el juez legalizó la aprehensión de los 16 ciudadanos y dio por presentada la formulación de imputaciones; luego procedió a validar cinco acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público y los defensores técnicos particulares, donde los sancionó con 60 meses de prisión y como pena accesoria impuso una multa de B/ 1,000 balboas. En este acto de audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Joseph Alan Díaz.
Las defensas técnicas particulares y públicas, al igual que el Ministerio Público, anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas por el juez de garantías. La audiencia quedó programada para el próximo 3 de octubre, a las 8:30 de la mañana, ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna.
Esta causa penal se origina luego de la aprehensión de una unidad policial y 15 personas, a través de la “Operación Océano”, desarrollada por el Ministerio Público, Policía Nacional y Senafront, que busca desarticular la presunta estructura criminal dedicada a cometer delitos relacionados con drogas.