Los próximos foros que se desarrollarán son Agua y Sostenibilidad (30 de octubre), Empleo y Emprendimiento (22 de noviembre)
La Institucionalidad: Transparente, Eficiente y Participativa, fue el tema central del tercer foro de Agenda País 2024-2029, que organizó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sobre este tercer Foro, el presidente de este gremio empresarial, Adolfo Fábrega dijo que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá incluyó este pilar en agenda país desde el 2019, indicando que la institucionalidad guarda relación directa con la capacidad competitiva de Panamá a nivel internacional.
“Se trata de un factor de primer orden en la captación de las inversiones requeridas para generar oportunidades convertibles en fuentes de empleo. Razón por la cual, las políticas de Estado deben privilegiar el desempeño de nuestras instituciones tanto en función de la dinámica interna como para apalancar nuestra proyección global. En otras palabras, es trascendental que nuestras instancias públicas funcionen y operen con calidad primordialmente para cumplir con las necesidades de los ciudadanos, pero también para incentivar la inversión empresarial tanto nacional como extranjera”, agregó.
“Lamentablemente, no podemos señalar que en los últimos años hayamos sido testigos de grandes avances en esta materia. Muy por el contrario, diferentes acontecimientos nos han hecho testigos de una debilitada institucionalidad, que ha trascendido administraciones y que como nación no nos permite plantear un modelo de desarrollo a seguir, y las políticas públicas que deben acompañarlo”, sostuvo Fábrega.
De igual forma, precisó que Panamá no ha logrado formalizar la profesionalización de la mayoría de los funcionarios públicos, mucho menos que estos lleguen a las posiciones a través de un sistema de méritos que asegure estabilidad en los cargos por competencia y probidad en el servicio, que actúen en base a criterios técnicos y científicos.
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No obstante, el presidente de la CCIAP reconoció que, en materia de tramitología se han visto pasos en la automatización de algunos procesos; pero aún nos queda un gran camino por recorrer. De allí que, insistió en que se debe trabajar en la modernización del Estado a través de la inversión en tecnología, y digitalización del proceso, que se traduzca en transparencia; dado que, disminuye la burocracia y elimina la discrecionalidad, que suele ser la antesala a la corrupción, la cual tiene que ser castigada con todo el peso de la ley”.
En cuanto a la materia de la lucha contra la corrupción, precisó que también se hace necesarias instituciones robustas que penalicen y tengan un alcance real sobre los corruptos; al tiempo que, se debe exigir rendición de cuentas, integridad y transparencia tanto de los funcionarios como del sistema en general.
Por ello, el líder de la CCIAP insistió con urgencia la necesidad de promover la discusión de las reformas constitucionales al Sistema de Administración de Justicia, con el fin de que “nos orienten a lograr instituciones transparentes e independientes; así como avanzar hacia un Estado de Derecho pleno, en cuyo marco impere la ley, y que ésta sea aplicada a todos sin diferencia ni privilegios; donde exista certeza del castigo para quienes infringen las leyes y abusan del sistema democrático”.
En fin, Fábrega explicó que un país fortalecido para alcanzar el desarrollo debe procurar instituciones inclusivas, que a su vez propicien seguridad jurídica y estado de derecho; un sistema de igualdad y transparencia; servicios públicos de calidad; fomento de la participación ciudadana, que, en finalmente, repercuten en el bienestar de la población y el buen desempeño de la nación. “La corrupción es un problema para alcanzar la competitividad pues daña la institucionalidad, agregó.
En ese sentido, durante la jornada cuatros destacados especialistas compartieron ideas que conllevan a enfrentar las oportunidades y desafíos actuales en materia de institucionalidad. Jairo Acuña-Alfaro, líder Regional de Gobernabilidad del PNUD para América Latina y el Caribe fue el primero en esbozar sobre las Oportunidades de Transformaciones Institucionales; seguido Irvin A. Halman, presidente del Centro Nacional de Competitividad (CNC) en representación de la CCIAP se adentró en el Gobierno Digital, Transparente, Eficiente y Participativo.
Mientras que Giovanna Donado, economista del PNUD, experta en Presupuesto basado en Resultados presentó sobre el presupuesto basados en resultados en Panamá, donde enumeró algunas estrategias para sostener y mantener con la implementación de este. En tanto que Massimo Lorenzato, especialista Senior de Planificación, Desarrollo Local y Participación Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltó la Participación Ciudadana y Descentralización en la era digital.
Posterior a estas presentaciones, a través de un panel los expositores en conjunto con a Emanuel Lyons, director del Grupo de Tecnología de la CCIAP; y bajo la moderación de Ana Lucrecia Tovar, Socia Fundadora de Virtù Atelier Legal, debatieron y esbozaron acciones e iniciativas a implementar en el tema de la institucionalidad a nivel nacional.
Conclusiones y retos
Entre las principales conclusiones y reflexiones dadas a conocer en este Foro, por Tovar se destacan que Panamá tiene Oportunidades de crecimiento económico, según el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio (CEECAM) en 2023 tendrá un alcance 6.6%. y en 2024, un 5.2%. No obstante, las desigualdades persisten. Tanto es así, que en el 2021 Panamá obtuvo una calificación de 36/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, lo que ubica al país por debajo del promedio, en materia de competitividad, el mismo ha caído más de 25 puntos.
También subrayó que, vivimos en un espejismo insostenible. El eje transversal del por qué no lo hemos podido lograr, la deteriorada institucionalidad que ha trascendido administraciones es a frágil institucionalidad no es por falta de propuestas, es por falta de voluntad y de acción de todos los involucrados en la administración del Estado. Por ello, la modera este foro, destacó que las propuestas de campaña deben traducirse en propuestas viables, ejecutables y medibles, e incluirlas en el Plan Estratégico de Gobierno, y sus instituciones, y nosotros los ciudadanos, velar porque nuestros gobernantes cumplan con ellas, garantizando que se aborden las necesidades reales de la población.
Qué debemos hacer, es otra de las reflexiones finales. Como Estado y como ciudadanos, es que se necesitan tomar acciones sostenibles y no políticas, se debe replantear propósitos y enfocarlos en construir un Estado más transparente, eficiente, incluyente, participativo y democrático. “Las instituciones son clave para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que proporcionan los servicios necesarios para un desarrollo humano integral. Debemos robustecer nuestra institucionalidad”, acotó Tovar.
Para robustecer la institucionalidad en Panamá, Tovar señaló que se debe promover la transparencia y la rendición de cuentas, esto significa que las decisiones y acciones de los funcionarios públicos son abiertas al escrutinio público, lo que reduce la corrupción y mejora la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en las instituciones, construir buscando la equidad y la justicia social al asegurar que las políticas y programas del gobierno estén orientados hacia el interés público y la distribución justa de recursos y oportunidades: mediante la creación de un Plan Estratégico a nivel Estatal, Institucional y Territorial, liderado por una Instituto de Planificación para el Desarrollo, fiscalizador del cumplimiento del plan estratégico nacional, y una Autoridad Nacional de Descentralización enfocada en apoyar y fiscalizar que cada municipio administre y utilice los fondos de la descentralización, de manera transparente, en inversiones en la comunidad y no solo en gastos de operación.
Asimismo, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y el proceso democrático, los órganos del estado son independientes, pero actúan en armónica colaboración y para eso se necesita, un órgano legislativo enfocado en sus funciones legislativas consagradas en el artículo 150 de la Constitución Nacional, es decir aprobar leyes que atiendan las necesidades del país. De igual manera, revisar y aprobar un presupuesto general del Estado preparado por el Ejecutivo con visión país y velar porque la Contraloría supervise su ejecución, planeación de un presupuesto basado en rentabilidad social y no en rentabilidad política, es decir, basado en desarrollar proyectos acordes a las necesidades sociales y no al plan político de los gobernantes.
Realizar cambios constitucionales puntuales, con el objetivo de: salvaguardar la independencia de criterio de quienes ejercen los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la Nación; corregir el procedimiento de investigación y juzgamiento entre Diputados y Magistrados a fin de que sean investigados por el Ministerio Público, todo lo anterior con el objeto de lograr instituciones transparentes e independientes, son otros de los puntos para robustecer la institucionalidad en el país.
La moderadora de este foro finalizó señalando que “una institucionalidad robusta es esencial para el funcionamiento efectivo de una sociedad y el desarrollo sostenible de un país. Proporciona estabilidad, justicia, transparencia y participación ciudadana, lo que a su vez promueve la confianza de los ciudadanos y la inversión, contribuyendo al bienestar general y al progreso de la nación. Robustecer nuestra institucionalidad es fundamental para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema político, económico y social.
Como en los primeros foros realizados dentro de Agenda País, en esta jornada se planteó una hoja de ruta a seguir en el próximo lustro, buscando enriquecer el documento de Agenda país 2024 -2029.
En este encuentro participaron algunos candidatos presidenciales por partidos políticos e independientes para las elecciones del 2024, representantes de la sociedad civil, partidos políticos, empresarios y estudiantes, entre otros sectores convocado en este evento.
Los próximos foros que están endiente por abordarse es Agua y Sostenibilidad el 30 de octubre, después le seguirá Empleo y Emprendimiento el 22 de noviembre, ambos en horario de 8:30 a 10:30 a.m. donde especialistas locales e internacionales compartirán las mejores prácticas y su visión sobre cada tema.
Finalizado estos ciclos de los foros. Entre los meses de diciembre de este año y enero próximo se estará dando forma al documento que acoge propuestas concretas a corto, mediano y largo plazo con el fin de propiciar condiciones que mejoren la calidad de vida de los panameños y la sostenibilidad del desarrollo nacional. Es decir, que en febrero 2024 se entregará a los candidatos presidenciales y sus respectivos equipos de trabajo, el documento Agenda País 2024 – 2029, con el fin de someterlo a su consideración; ya que resume las propuestas que surjan en cada uno de los foros.
Posteriormente, se organizará el Debate Presidencial del 17 de abril de 2024, el cual está destinado a que los candidatos presidenciales expongan y debatan sus planes de gobierno y temas de relevancia nacional ante los ciudadanos, el cual será producido por la Corporación MEDCOM y cuenta con el aval del Tribunal Electoral.
La última fase de Agenda País 2024-2029, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dará seguimiento a la nueva administración gubernamental que se elija el próximo 5 de mayo de 2024. En este sentido, se hará una primera revisión de lo propuesto por quien resulte electo Presidente de la República para el próximo quinquenio y su accionar a mediados de octubre de 2024, cuando se cuente con aproximadamente 100 días posterior a la toma de posesión de esta persona.
Sobre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), principal gremio del sector privado fue fundada el 17 de mayo de 1915 con el propósito de “promover, conectar y defender a la empresa privada”. Actualmente está conformada por cerca de 1,700 empresas, clasificadas en 15 sectores de la economía nacional y trabaja activamente para procurar el crecimiento de la actividad comercial, industrial, agrícola y de servicios, además, de cooperar en el estudio de los problemas económicos y sociales que afecten la economía del país.