El pronunciamiento lleva la firma de la actual presidenta del gremio, Maritza Cedeño Vásquez
COMUNICADO AL PAÍS
En atención a la situación actual que vive nuestro país en virtud de la aprobación de la ley 406 de 20 de octubre de 2023 “Que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A.”, hacemos un llamado a la sensatez y calma al pueblo panameño.
El documento que contempla el contrato minero una vez aprobado por la Asamblea de Diputados y sancionado por el Presidente de la República se convierte en la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, el cual puede ser sujeto de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, del cual ya tenemos conocimiento que han sido interpuestas distintas demandas, por lo que en base al Principio de Legalidad y estricto derecho y respeto a la separación de poderes, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no del contrato ley antes citado.
La República de Panamá, como Estado de Derecho, debe garantizar el cumplimiento de los principios democráticos de libertad de expresión y participación ciudadana como mecanismos que, en el marco del respeto mutuo y convergencia de ideas, deben ser fundamentales para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos de nuestro país.
Este debate no puede ser sujeto de argumentos ajenos al derecho, alejados de la realidad fáctica o sujeto a los vaivenes de intereses particulares que pretendan supeditar el bienestar de la colectividad.
De la misma manera, la República de Panamá, como Estado democrático, debe garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y los derechos humanos como el derecho al trabajo digno y la seguridad social, el derecho a un ambiente sano, el uso justo de los recursos minerales, y la generación de actividades económicas que brinden bienestar social que permitan a los ciudadanos lograr sus aspiraciones y garanticen el desarrollo nacional. Como Estado de Derecho, La República de Panamá, debe velar por el cumplimiento de todas estas garantías, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, a fin de lograr los acuerdos que sean beneficiosos para la nación.
La ciudadanía panameña expresa su descontento en las calles, lo cual es un Derecho Constitucional, el cual debe darse dentro del ámbito del respeto a la vida, integridad personal, propiedad pública y privada, por lo que condenamos los actos de vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los manifestantes. Igualmente, solicitamos a las autoridades nacionales, se abstengan de hacer uso excesivo de la fuerza, y salvaguardar los bienes jurídicos protegidos antes descritos.
En ese sentido, la abogacía ha visto limitada la posibilidad de ejercer la profesión, lo cual afecta no sólo al abogado en particular sino a los ciudadanos que este defiende. Por lo que solicitamos tanto a las autoridades judiciales como administrativas, la suspensión de términos en todo el territorio nacional, en aquellos procesos o trámites administrativos que no se puedan realizar por medios electrónicos o telemáticos.
Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional, establezca los mecanismos de diálogo idóneos con los diversos sectores que se manifiestan, a fin de garantizar la paz social y la canalización de las inquietudes de la población. Hacemos un llamado al diálogo social enfocado en lograr el desarrollo humano sostenible y evitar la confrontación entre panameños.
Por otra parte, el Colegio Nacional de Abogados, en su rol de ente colaborador para el mejoramiento de la administración de justicia, que debe velar por la preservación del Estado de Derecho, solicita muy respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia determine con celeridad la constitucionalidad o no, del contrato recientemente elevado a Ley de la República, por lo que instamos a que se pronuncien de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país.
Dado en la ciudad de Panamá a los 25 días del mes de octubre de 2023.