Las causas guardan relación con hechos ocurridos ayer martes 24 de octubre en horas de la madrugada, cuando se registraron dos hurtos a un local comercial de ventas de celulares, ubicado en el corregimiento de Santa Ana, específicamente en la Plaza 5 de mayo.
Luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público representado por el Fiscal Francisco Hermoso y los abogados Instituto de la Defensa Publica, Licenciada Shanida López y Omar Herrera, la Jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruíz, procedió a emitir la Sentencia N° 2282 de 25 de octubre de 2023, mediante el cual se sancionó a 48 meses de prisión como pena principal, a tres (3) ciudadanos, como autores del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado.
Posteriormente, los abogados del Instituto de la Defensa Pública, solicitaron a la Juzgadora, el reemplazo de pena por días multas. Esta solicitud no fue objetada por el Ministerio Fiscal, por lo tanto, los sancionados deben pagar la suma de B/ 400 dólares, a razón de 2 dólares por día.
Además, se les impuso, como pena accesoria, una multa de B/ 200 dólares. En total los sancionados deberán pagar al Tesoro Nacional, la suma de B/ 600 dólares, en un periodo de un año.
Segunda Audiencia
En otra audiencia, la Jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá Tulia Morelos, válido el acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público representado por la Fiscal Darla Sanjur y la abogada Instituto de la Defensa Pública, Angela Frias, donde se procedió a emitir la Sentencia N° 2283 de 25 de octubre de 2023, mediante el cual se sancionó a 48 meses de prisión como pena principal, a un (1) ciudadanos, como autor del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado.
Posteriormente, la abogada del Instituto de la Defensa Pública, solicitó a la Juzgadora, el reemplazo de pena por días multas. Esta solicitud no fue objetada por el Ministerio Fiscal, por lo tanto, los sancionados deben pagar la suma de B/ 300 dólares, a razón de 3 dólares por día.
Además, se les impuso, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal.
Mientras que a otro ciudadano se le impuso la medida cautelar de reporte periódico una vez a la semana ante el Ministerio Fiscal y la prohibición de salida de la ciudad capital.
Previamente, se legalizó la aprehensión de los ciudadanos y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público.
Estas dos causas guardan relación con hechos ocurridos el martes 24 de octubre en horas de la madrugada, cuando se registraron dos hurtos a un local comercial de ventas de celulares, ubicado en el corregimiento de Santa Ana, específicamente en la Plaza 5 de mayo.