TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100% del capital, tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y actualmente está bajo un plan de reestructuración.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó ayer el decreto del Gobierno para la reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP y solicitó mayor transparencia en la intervención estatal y en la adquisición de activos.
El Gobierno del socialista António Costa aprobó el pasado 28 de septiembre un decreto ley para reprivatizar, al menos, el 51%” de la aerolínea TAP, bajo control estatal, y que reserva “hasta el 5%” a los trabajadores.
El jefe de Estado luso pidió al Gobierno, según divulgó hoy en un comunicado, que esclarezca la capacidad de intervención del Estado en una empresa estratégica como TAP y solicitó transparencia en toda la operación.
TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100% del capital, tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y actualmente está bajo un plan de reestructuración.
Tras el veto anunciado por Rebelo de Sousa, el primer ministro portugués divulgó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el rechazo al decreto, por lo que las cuestiones planteadas por la jefatura del Estado serán “debidamente ponderadas”.
Se da la circunstancia de que la pasada semana, la Justicia lusa declaró ilegal el despido colectivo de 124 trabajadores de la aerolínea.
Mientras tanto, el pasado 24 de octubre, TAP notificó que ha registrado en los nueve primeros meses de 2023 un total de 203,5 millones de euros de beneficios, frente a los 90,8 millones de euros de pérdidas del mismo período en 2022.
Estos resultados suponen el valor “más elevado” en el acumulado hasta septiembre desde que publican los datos.