El 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó disolver el Congreso de la República, convocar una asamblea constituyente, reorganizar el sistema de justicia e instaurar un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
La congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Tania Ramírez, propuso un proyecto de ley para ensalzar a las Fuerzas Armadas de Perú y la institucionalidad democrática el día 7 de diciembre, fecha en que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dio un autogolpe de Estado fallido en 2022.
El documento presentado al Congreso presenta denominar a esta fecha el “Día de la defensa de la institucionalidad democrática y de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
“La presente ley tiene por finalidad conmemorar el día 7 de diciembre como una fecha histórica en la que la ciudadanía, junto a sus Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y las instituciones democráticas defendieron la institucionalidad democrática y el orden constitucional”, indica el proyecto legislativo.
Añade que si este sigue adelante, cada 7 de diciembre, las instituciones públicas y privadas izarán la bandera nacional en defensa del orden constitucional.
“Pedro Castillo utilizó el poder para buscar impunidad y en ese cometido, intentó consumar un golpe de Estado, pretendiendo tomar el poder absoluto a través de la reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”, afirmó el documento firmado por Ramírez.
Y añade que declarar esta fecha no constituye costo alguno para el Estado ni para el sector privado, y que esta decisión sería “beneficioso para infundir en los niños, jóvenes y dirigentes políticos y de la sociedad civil institucionaliza dosis de patriotismo y de amor por la institucionalidad democrática”.
“Por fin, en el Perú, la fuerza de la Constitución, de la Ley y de las instituciones tutelares del país se impusieron y supieron prevalecer ante la demagogia, el desprecio a la democracia y a la institucionalidad del país”, señala.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó disolver el Congreso de la República, convocar una asamblea constituyente, reorganizar el sistema de justicia e instaurar un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
Horas después, el Congreso destituyó a Castillo, por “permanente incapacidad moral” con 101 de 130 votos a favor, y este fue detenido y enviado al penal de Barbadillo, donde se encuentra desde entonces cumpliendo prisión preventiva acusado de delitos de rebelión y de corrupción.