Los panameños podemos aprender de las lecciones tan duras que pagaron los argentinos. Hay que respetar la inversión extranjera, y hay que asegurarnos que nuestro futuro no sea dictado por decisiones abruptas, ignorantes y miopes.
Ante la coyuntura actual del contrato de Minera Panamá con el Estado, vale la pena aprender de situaciones similares que enfrentaron países latinoamericanos y cómo manejaron el tema. Qué motivó a un gobierno expropiar, cuáles fueron los raciocinios que justificaron tal actuación. Y qué le ocurrió al país por esa decisión. EL mejor ejemplo puede ser YPF Argentina.
La triste historia de la expropiación de YPF Argentina se remonta a 1993 cuando el gobierno de Menem decidió privatizar YPF y a otras empresas públicas. REPSOL, empresa española de exploración y explotación de petróleo se perfiló como dueño de YPF y al final de la década de 1990 ya tenía más del 98% de las acciones comunes. Ellos fueron vendiendo parte de sus tenencias en los próximos años. Repsol operaba la empresa normalmente, pero sí pagaba dividendos altos.
EL 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la nacionalización de la empresa sin ninguna compensación para los accionistas existentes El Congreso aprobó la expropiación de Repsol del 51% del total del patrimonio, quedando Repsol con solo 6.43%. Esto ocurrió el 3 de mayo 2012, cuando el Congreso argentino aprobó la ley de nacionalización. Los otros accionistas privados que representaban el 42.55% de las acciones no se tomaron en cuenta. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner indicó que Argentina quería recuperar la soberanía de sus recursos minerales.
A finales del 2011 YPF anunció que el yacimiento de VACA NEGRA, descubierto en los 1930’s, se había corroborado reservas de 927 millones de barriles de petróleo, y posterior se aumentó esta estimación a 22,500 millones de barriles. Con estas reservas de Vaca Negra, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández visualizaba que Argentina se convertiría en la Arabia Saudita de Sudamérica.
Tras la euforia de la nacionalización, el gobierno argentino se dio cuenta que para extraer el petróleo y gas se tenía que utilizar el método fractura hidráulica o como se conoce comúnmente como “fracking”.
Argentina no tenía el conocimiento de esta tecnología, ni tampoco el recurso humano calificado, ni el capital financiero. Invitaron a Chevron a participar de Vaca Negra, y después de unieron 5 o 6 compañías multinacionales. Las condiciones de estas nuevas empresas multinacionales fueron bastante más atractivas que Repsol. Inclusive, se menciona que hay cláusulas secretas en los nuevos contratos. La citada soberanía de Cristina Fernández se caía abruptamente.
Repsol recibió $5,000 millones de compensación en el 2014, o la mitad de lo que reclamaban. Pero no dio por terminada su reclamación. Se unió a juicio en la corte de New York donde esperaban recibir $1,500 millones adicionales. Y los inversionistas privados que representan el 42.55% tuvieron que demandar en la corte de New York, aun cuando el pacto social obligaba de la compra de sus acciones por parte de Argentina. Ahora veremos qué ha pasado.
El 15 de septiembre 2023 la juez del Distrito de New York, Loreha Preska, dictaminó que la República de Argentina debía pagar $16.1 billones a los inversionistas privados a raíz de la expropiación de YPF en el 2012. Esto incluye tanto el valor de la inversión como los intereses que hubieran recibido estos inversionistas por 11 años al 8%.
Es decir, la compensación de la jueza Preska incluía $8,398 billones del valor de la inversión original más $7,667 billones de intereses caídos. Es decir, Argentina fue sentenciado a pagar 92% más por los intereses caídos, o sea casi el doble de la inversión original de los accionistas. La juez Preska le dio a la República Argentina hasta el 5 de diciembre para consignar los bonos o valores que acreditarían el pago de $16 billones.
Esta triste historia de Argentina tiene lecciones muy importantes para Panamá:
1- La expropiación o nacionalización es un paso al abismo financiero, cuyos costos finales resultarán mucho más grandes que una inversión original. Expropiación o nacionalización es lo equivalente a ROBAR a los inversionistas extranjeros. Que se declare el contrato de Minera Panamá inconstitucional va a resultar igual de desastroso que lo actuado por el Congreso Argentino en el 2012.
2- La soberanía sobre los recursos naturales de un país es un mito. Argentina se dio cuenta que no tenía la tecnología, recurso humano, ni el capital financiero para explotar el yacimiento de Vaca Negra. Minera Panamá ha traído tecnología, recurso humano, y capital para explotar el cobre soberano nuestro, y nuestro país ya recibe beneficios económicos de esta explotación.
3- Argentina ha tenido que pagar muy caro por esta decisión de expropiar. Perdió acceso a los mercados de capitales internacionales, el crecimiento económico fue pobrísimo y para colmo de males la inflación se disparó a 120% anual en el 2023.
Panamá ya está pagando por las protestas, ya que el costo de financiamiento se aumentó, dejaron de venir turistas, se dejó de despachar en la Zona Libre de Colón, y lo peor es que han dejado de transitar barcos por el Canal de Panamá por el riesgo político.
3- La decisión abrupta y populista de Argentina en el 2012 de expropiar fue la peor decisión que un gobierno pudo haber tomado. No hubo negociación con Repsol previo a la nacionalización. El CEO de REPSOL fue a la Argentina, pero la presidenta Cristina Fernández se rehúsó a recibirlo. En Panamá no queremos este tipo de desenlace y la mejor estrategia para el país es negociar con Minera Panamá.
Los panameños podemos aprender de las lecciones tan duras que pagaron los argentinos. Hay que respetar la inversión extranjera, y hay que asegurarnos que nuestro futuro no sea dictado por decisiones abruptas, ignorantes y miopes.