No han pasado ni tres semanas desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminó por unanimidad que la ley 406, que contenía el contrato firmado entre el Estado y Minera Panamá, y algunos no han hecho otra cosa que lamentarse de lo ocurrido, advirtiendo sobre los malos días que vendrán al país tras esa decisión judicial.
Como que no terminan de asimilar que los días de la mina tendrán una fecha de cumpleaños, así como el final de los gobiernos que desoyen la voluntad popular, ha llegado a su fin desde el 28 de noviembre pasado. Eso lo deben saben quienes ganen las próximas elecciones.
Como si para algunos el regocijo popular el 28 de noviembre, tras conocerse el fallo, hubiese sido una especie de borrachera, llegando después la consiguiente goma o resaca producto de lo tanto que tomamos en la celebración. Nos aseguran que se perderá el 5% del Producto Interno Bruto que aportaba la mina. Que no tendremos, sin la mina en operación, el grado de inversión del país.
Eso se venía venir por el desordenado, corrupto e irresponsable manejo de las finanzas públicas que han caracterizado al gobierno del PRD, causante del desorbitado aumento de la deuda pública, sin que se vea acompañada de obra importante alguna.
Como si no hubiésemos padecido crisis peores, hemos demostrado nuestra capacidad para volver a levantarnos. Ejemplo de eso lo vimos tras la invasión militar estadodunidense en 1989, que nos dejó la economía por el suelo y en poco tiempo pudimos resurgir recuperando la esperanza ciudadana.
A pesar de las aves agoreras que presagiaban el fin de Panamá en diciembre de 1999, si las bases militares se iban de nuestro territorio -como se había pactado en los tratados del Canal- no pasó nada. Echamos para adelante.
No olvidemos cuando en el gobierno de Martin Torrijos en 2006 se planteó la ampliación del Canal, hasta un prestigioso expresidente, Jorge Illueca, fomentó el voto negativo en el referéndum porque junto a otros panameños consideraba que ello no era necesario por lo costoso que sería. Triunfó el voto favorable y se construyó, para orgullo de todos, el tercer juego de esclusas que tanto prestigio nos ha dado porque lo hicimos con recursos propios.
La decisión de la CSJ de dejar sin efecto el contrato minero no será la muerte para Panamá, ni nada que se le parezca. Es cierto que para algunos, afectados por los cierres y la violencia de unos pocos, ante la inacción de la Fuerza Pública, las cosas le resultaron difícil, debemos tener claro que si el país no se hubiese levantado como lo hizo, gracias en especial a la juventud y a la sociedad civil, un gobierno soberbio, mentiroso e indolente, hubiese persistido en aprobar ese contrato a tambor batiente, tal como hicieron tan burdamente. Todo les salió mal.
Este es el momento de mirar con luces largas, sobre todo faltando tan poco para que termine un gobierno tan corrupto e incapaz como el de Cortizo. No les fue bien con lo del contrato minero porque desde el primer día lo hicieron todo mal, con un dejo permanente de burla hacia la ciudadanía porque sentían que tenían el toro agarrado por los cachos.
Todos, incluyendo la minera, cuyo principal ejecutivo ahora acepta que “todo se pudo haber hecho mejor”, acto de contrición que aún esperamos haga algún funcionario de un gobierno que permitió se firmara y aprobara un contrato con 25 violaciones a la Constitución Nacional. Y qué decir de los abogados que, supuestamente nos representaron, y cobraron tanto, así como los de la minera.
Tenemos otros retos que enfrentar y si lo hacemos juntos, nos irá mejor: Refundar la Caja de Seguro Social, que siempre tengamos insumos y medicamentos en los hospitales y centros de salud, que por fin logremos una educación de calidad, que fomentemos en serio el turismo, que seamos agresivos para levantar nuestra agricultura.
Para lograrlo debemos luchar para tener en el 2024 un gobierno transparente, que no robe y donde, quien llegue al poder, anteponga el interés público sobre el interés particular de sus amigos, copartidarios y familiares y no le tiemble la mano para castigar a todo el que infrinja la ley.