Existe la posibilidad de que sean aprobadas en el Congreso pese a los obstáculos en el ámbito judicial
A pesar de más de una decena de denuncias y amparos contra el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno del ultraderechista Javier Milei envió este viernes el documento al Congreso. Aunque su futuro es incierto, pues la bicameral que debe debatirlo todavía no se conformó.
Según publicó el diario argentino El Clarín, crecen las especulaciones sobre si el oficialismo busca dilatar su tratamiento y la oposición ya empezó a sumar presión. Sin embargo, mientras el Parlamento no lo rechace, el decreto tiene vigencia.
De acuerdo con EFE, en el costado político, la Libertad Avanza -la fuerza de ultraderecha liderada por Milei- carece de suficientes representantes en las dos cámaras para sacar adelante el DNU por su cuenta.
Ante ello, tiene que buscar el apoyo de los parlamentarios de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, varios de cuyos miembros forman parte del gobierno de Milei.
Los Angeles Times, resalta a un Milei confiado en que las reformas económicas que impulsa en un amplio decreto se abrirán paso pese a los primeros obstáculos que se han topado en el ámbito judicial.
En todos los rincones de nuestro país la sociedad expresa su enojo con este gobierno como puede, lo hacen con cacerolas, buscando precios para sobrevivir a esta crisis económica que en solo 24 días genero Milei.
A los 2 días de asumir mando a Nicolás Caputo para mostrar que venía… pic.twitter.com/JrX2aOShzZ— Marcelo Puella (@puellaok) January 6, 2024
Entre estos, el miércoles pasado la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral recogida en el DNU que el pasado 20 de diciembre anunció Milei.
Los jueces de la cámara dictaron una medida cautelar a petición de la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato ligado al peronismo.
El jueves, aprobaron una segunda medida cautelar, esta vez a pedido de otra agrupación sindical, la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA).
Las medidas cautelares dejan sin efecto los cambios en materia laboral impuestos por el presidente solo cinco días después de su puesta en vigor el 29 de diciembre.
La suspensión permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia sobre el caso.
El gobierno, por su parte, anunció que apelará las decisiones de la Cámara del Trabajo y pedirá que esa instancia sea considerada incompetente para llevar el caso, según un comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
A partir de hoy empezará a correr el plazo para la Bicameral de Trámite Legislativo: tiene otros 10 días hábiles para debatir y firmar dictamen. Esa comisión deben conformarla ocho senadores y ocho diputados.