Entre el MINSA, SENAFRONT y Migración hay una red de complicidades, respaldada por el Ministerio Público, aseguran analistas
El gobierno persiste en su campaña para desprestigiar a la organización humanitaria internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), expulsada de Darién a inicios de este mes.
La acción contra MSF tiene su origen en las denuncias de violaciones sexuales y tratos brutales contra los migrantes que atraviesan la selva darienita.
MSF denunció a finales de febrero el nivel extremo de brutalidad al que eran sometidos los migrantes, advirtiendo que en las primeras cinco semanas de este año fueron atendidas 233 personas por agresiones sexuales, entre ellas nueve menores.
La organización humanitaria teme que la tendencia vaya incluso a más, en un contexto marcado también por la impunidad con la que suelen operar los atacantes y la complicidad de las autoridades.
Después de la denuncia de MSF, la Fiscalía Regional de Darién aseguró que solo ha atendido 22 denuncias de malos tratos a migrantes en enero y febrero.
“Médicos Sin Fronteras se niega a entregarle al Ministerio Público el nombre de las supuestas víctimas de algún tipo de agresión, porque no solamente estamos hablando de delitos sexuales, estamos hablando de agresión física, psicológica, maltrato infantil”, declaró este domingo a un noticiero de televisión, Luis Sucre, ministro de Salud.
MSF argumenta que no entregan la información para “salvaguardar la integridad de la víctima, y que tienen que guardar el secreto de la víctima si la víctima lo desea”.
Pese a que MSF trató por cinco meses de renovar el convenio de cooperación con el gobierno, el MINSA bloqueó toda posibilidad y canceló los acuerdos bilaterales.
“MSF no denuncia, lo hacen las pacientes”, explicó la organización al diario La Estrella. “En cada una de las consultas relacionadas con violencia sexual, el personal de MSF les explica a los y las sobrevivientes sobre el derecho que tienen de denuncia y acceso a la justicia, y sobre cómo es el proceso de denuncia”, respondió la prestigiosa organización humanitaria que tiene ocho años de trabajar en Panamá.
Denunciar o no, es una decisión de las sobrevivientes, que MSF respeta. “Devolver el derecho a decidir es fundamental para alguien a quien la violencia le arrebató ese derecho”, puntualizó.
“Entre el MINSA, SENAFRONT y Migración hay una red de complicidades, respaldada por el Ministerio Público”, aseguraron analistas familiarizados con el inhumano a los migrantes que cruzan Darién.
Un informe divulgado en febrero del año pasado por las Naciones Unidas (ONU) reveló que agentes del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) habrían abusado sexualmente de migrantes en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM).
“Según estas denuncias, el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar costes del transporte hacia Costa Rica”, detalló el informe hecho por la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.
Los funcionarios prometían, a cambio de favores sexuales, coordinar con las autoridades panameñas el transporte para que las migrantes pudiesen continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica.
El documento criticó de manera contundente a las autoridades panameñas por la manera en la que se gestionó la recepción masiva de migrantes que viajaban a través de Darién.
Los migrantes que eran recibidos por las autoridades panameñas en las ERM eran privados de libertad, puesto que no podían abandonar estos centros sin autorización, más que para ser trasladados hacia la frontera con Costa Rica.
Por otra parte, señalan las condiciones de estos centros de recepción, en los que no se establece una separación de espacios para mujeres o niños, con lo cual “no se garantiza su seguridad ni su protección” y multiplica los riesgos de que estas poblaciones sufran violencia basada en el género.