Estadísticas de año pasado revelaban recortes en servicios sociales y la sanidad rusa como el cáncer y enfermedades cardiovasculares
La nueva legislatura del autócrata de Rusia se augura compleja. Con una guerra que dura más de lo que el Kremlin tenía previsto -creía el poder ruso que Kiev se rendiría a las semanas, como le pasó a Georgia en el 2008- y una crispada arena internacional, la tercera edad de Putin no se espera tranquila precisamente.
A pesar de los avances militares en Ucrania, que han llegado tras un tiempo de estancamiento, el poder ruso debe abordar diferentes frentes internos.
Uno de los colectivos que firmó contratos con el ejército ruso más alegremente fue el de los presidiarios. El gobierno les ofrecía un contrato de hasta seis meses en el frente y la libertad cuando acabara su obligación castrense, algo que se convirtió para muchos en una opción para acortar las condenas. En la actualidad, al menos 32,000 presos han cumplido con su “obligación con la sociedad”, como lo definió Putin.
Algunos cumplían condena por delitos como asesinato y robo a mano armada. Su salida anticipada de prisión ha despertado la preocupación de sus vecinos, que han visto cómo gente condenada a penas de al menos 10 años de cárcel se pasea tranquilamente por la calle.
Los rusos previamente habían expresado su preocupación por cómo iban a regresar los soldados del frente. Además de los que ya habían sido condenados, aquellos sin antecedentes penales también pueden suponer un problema a medio y largo plazo, como ya pasó entre los veteranos de la guerra afgana en los años de 1980.
Algunos de los que volvieron en aquel entonces mostraron comportamientos violentos propios del estrés posttraumático e incluso llegaron a asesinar a otras personas de forma sádica.
A esto hay que sumarle los que no regresan vivos. Al menos 5,900 soldados rusos han fallecido en el frente ucraniano, según el último balance oficial de las autoridades, de septiembre del 2022.
Aunque desde Estados Unidos y Ucrania aseguran que la cifra supera los 350,000, hacer circular esos datos se considera “desacreditar” al ejército ruso y está duramente penado con cárcel.
Moscú ha aguantado mucho mejor de lo que Occidente esperaba las sanciones. Aunque ha habido carencia de algunos productos concretos como piezas de avión y medicamentos, las autoridades han encontrado vías para incluso tener suministros de productos de lujo como automóviles de alta gama y teléfonos inteligentes, aunque pagando altos costos. Mantener el pulso económico a una Ucrania apoyada por Estados Unidos y Europa no es barato.
Y es que según medios independientes como Novaya Gazeta Europa -declarado agente extranjero por la dictadura rusa-, el gasto militar a finales del 2023 era dos veces mayor al del 2022, y se preveía que llegaría ser el 45% del presupuesto público y que este 2024 habría recortes en sectores no relacionados con el ejército.
Es difícil cuantificarlo porque se han dejado de publicar estadísticas del presupuesto desde finales del año pasado. En aquel entonces ya se vio cómo bajaron diferentes partidas destinadas a la sanidad rusa como las que se dedican al cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
Además de la economía, hay otro potencial dolor de cabeza para el poder ruso. Aunque la mayor parte de la disidencia está en prisión -como Ilia Yashin o Vladímir Kara-Murzá-, en el exilio como Leonid Volkov o asesinada, como es el caso del conocido Alexei Navalni, aún hay algún colectivo que se mantiene en Rusia.
El más molesto actualmente para el poder ruso son las madres y esposas de los soldados en el frente, que a pesar de las detenciones y amenazas siguen manifestándose.