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Prosigue vendetta de Pineda contra Zulay

Prosigue vendetta de Pineda contra Zulay
Raúl Pineda. Foto: Archivo/Aris Rodríguez.

Se trata de un complot, con la complicidad de Pineda, para inhabilitarla  como candidata, con un caso que ganó en los tribunales civiles

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional evacuará al menos 11 expedientes pendientes por resolver, para luego analizar la renuncia de Zulay Rodríguez como diputada, informó este lunes el diputado Raúl Pineda.

“Cómo le vamos a dar prioridad si es por orden de llegada”, respondió Pineda a periodistas que le consultaron sobre la discusión de la renuncia de Zulay tomando en cuenta que está en juego su futuro político.

Zulay, actual candidata presidencial y a la alcaldía y diputación por San Miguelito, enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por el caso denominado láminas de oro.

Zulay argumenta que lo que hay detrás es un complot, con la complicidad de Pineda, para inhabilitarla  como candidata, con un caso que anteriormente ganó en los tribunales civiles.

La diputada Zulay Rodríguez. Foto: Asamblea Nacional

“Nosotros hace un año aprobamos una metodología de que lo que llegaba primero se evacuaría de esa manera”, añadió Pineda, quien preside la Comisión de Credenciales del Órgano Legislativo.

Si se cambian las reglas en estos momentos, señaló, puede darse a entender que se está favoreciendo a una persona. “En la comisión aún tenemos casos de denuncias contra el presidente y magistrados que debemos analizar”, comentó.

Sin embargo, dijo que cree en la inocencia de Zulay y considera que se “se puede defender muy bien”.

En opinión de analistas, Pineda está haciendo del caso de la renuncia Zulay, una vendetta política.

Ante una consulta de Pineda sobre el caso de la renuncia de Zulay, Rigoberto González, procurador de la Administración, respondió semanas atrás que “la renuncia a un cargo público es un derecho y una decisión libre, autónoma y justificada”.

“Es una forma de manifestación de la voluntad personal y una expresión del ejercicio de su libertad –añadió-, por lo tanto, su presentación comporta, para el Estado, la obligación de aceptarla dentro de un término razonable”.

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