Cuestiona aumento de la deuda pública, corrupción y falta de avances en transparencia
Las nuevas autoridades tendrán que implementar un Plan de Consolidación Fiscal que asegure la estabilidad macroeconómica y restablezca la estabilidad fiscal. Eso ayudará a tranquilizar a los mercados y demostrará la capacidad del país para manejar sus finanzas de manera responsable, dijo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
En su tradicional artículo dominical “La Cámara Opina”, el presidente del gremio, Adolfo Fábrega, señala que trabajar por recuperar el grado de inversión es un desafío urgente del nuevo gobierno.
Plantea que será fundamental fortalecer las instituciones, incluyendo aquellas que tienen la obligación de fiscalizar, y mejorar la transparencia en la gestión pública para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. “Esto enviará una señal positiva a los inversionistas sobre el compromiso del país con prácticas transparentes”, dijo.
Además, detalla que será prioritario desarrollar una estrategia para atraer inversión extranjera directa en sectores claves de la economía, como logística, infraestructura, energías renovables, turismo, y tecnología e información. Eso no solo impulsará el crecimiento económico, también generará empleo y conocimiento.
“La urgencia de iniciar el trabajo y recuperar la confianza de los mercados no puede subestimarse. Las nuevas autoridades deberán actuar con decisión y determinación para implementar las reformas necesarias y sentar las bases para un futuro próspero y sostenible”, señaló Fábrega.
Afirmó que los próximos meses serán críticos en este sentido, y será necesario un compromiso firme por parte de todas las fuerzas políticas y sociales para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones.
Durante los últimos años, el manejo de las finanzas del Estado ha afectado la calificación crediticia y la reputación del país como destino seguro de la inversión, añadió.
Factores como el aumento sostenido de la deuda pública, la percepción de corrupción y la falta de avances en la transparencia y el Estado de Derecho han contribuido a erosionar la confianza de los inversionistas.