Afirman que no podrán construir las viviendas proyectadas, lo que origina desempleo y daños económicos
Al menos 16,000 hogares de escasos interés social están en peligro debido al retraso en el pago de $140 millones, correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda (FSV) por parte del gobierno, denunciaron este lunes promotoras afectadas.
Ante ese escenario, aseguran que no podrán hacer frente a los proyectos en agenda para los años venideros, lo que también se traducirá en disminución de la mano de obra en el sector, y la falta de este aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
Explican que el FSV busca disminuir el déficit habitacional entre las personas que carecen de recursos económicos, a quienes el Estado ofrece un bono de $10,000 como ayuda para obtener una vivienda. Señalan que este aporte es de carácter intransferible y se concede a familias previamente escogidas por las autoridades nacionales.
Sin embargo, manifiestan que el impago de este dinero provoca que peligre el empleo de al menos 5,250 obreros destinados a las construcción de 16,000 viviendas de interés social entre el 2024 y el 2025.
Esa situación afecta también a 7,500 personas vinculadas a proveedores de cemento, madera, arena, piedra, acero, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público.
Para las promotoras lo más delicado es el perjuicio a las familias que en el futuro no podrán gozar de su primer hogar o vivienda digna, a un bajo costo.
En Panamá, el déficit habitacional ronda las 185,000 viviendas. De las 16,000 viviendas que fueron entregadas durante el 2023, al menos 8,000 corresponden a viviendas de interés social.