Hay torturas y crímenes de lesa humanidad, denuncian organismos de derechos humanos
Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario denuncia que, durante los dos años del régimen de excepción en El Salvador, se han detenido arbitrariamente a 26.250 personas que no han cometido ningún delito, mientas que se han contabilizado 241 muertes en las cárceles, entre ellas dos niños.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se jactó este martes en una entrevista televisiva de que se ha arrestado a 79.184 personas, lo que representa el 75% de los pandilleros en el país centroamericano, por lo que faltaría por arrestar a unos 25.000, aunque “no todos” se encuentran ya en El Salvador.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, criticó la “improvisación” del régimen de excepción, que está en vigor desde el 27 de marzo de 2022 a petición de Navib Bukele y que se ha prorrogado hasta en 24 ocasiones en la Asamblea Legislativa.
Escobar lamentó que esa medida que suspende varias garantías constitucionales, entre ellas, la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, no solo está sirviendo para capturar a delincuentes, sino a “gente inocente” que incluso está muriendo en las prisiones.
Reveló que hay cerca de 500 denuncias de personas fallecidas en los centros penales durante el régimen de excepción, si bien su organización ha confirmado 241, de los cuales dos son niños y 14 mujeres.
“El Estado de El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad, dado que el 44% falleció por muerte violenta (torturas) y otro 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente, que llegó con enfermedades previas y no se les dio el tratamiento”, tal como le sucedió “a dos mujeres que desarrollaron cáncer dentro de los centros penales”.
Como ejemplo de los tratos crueles y humillantes que sufren los reclusos en el marco del régimen de excepción, Escobar desveló que un preso que estuvo en la cárcel de Izalco aseguró tras ser liberado que la “bienvenida” al centro de detención fue pasar por una cancha deportiva de 50 metros donde “los custodios, que son agentes del Estado, les deban golpizas con barras metálicas al punto de llegar a matar gente”.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario criticó el hecho de que el fiscal general de El Salvador y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos resten importancia a las personas fallecidas en las cárceles bajo el argumento de que no hay pruebas científicas de que haya habido muertes violentas o negligencias médicas. “¿Cómo es posible que en el primer mes del régimen de excepción hayan fallecido 48 jóvenes de entre 20 y 27 años y la causa de muerte, según los hospitales y medicina legal, sea muerte natural?, preguntó
Escobar, quien cree “imposible” que una persona a esa edad pueda morir de un paro cardíaco si entró sano a la cárcel. Concretamente, el 52% de los fallecidos tenía menos de 40 años, el 35% más de 40 y el 13% se desconoce su edad.
Otro de los datos relevantes, que destacó Escobar, es que “el 94% de las víctimas mortales del régimen de excepción en las prisiones no era pandillero, frente al 6% que sí lo era”, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría “no tenía tatuajes alusivos a las pandillas, ni antecedentes policiales, ni penales, sino que tenía una comunidad que los abrazaba”.
Ante esta situación, exigió al Estado que “investigue todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas”, al tiempo que pidió al Gobierno que “restablezca el estado de derecho en El Salvador y se levante la medida del régimen de excepción, porque es inconstitucional”.