Cumple dos años en detención provisional sin que la fiscalía haya probado los delitos de los que lo acusa
Los abogados de Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de la policía salvadoreña que ayudó a descubrir los tratos políticos que el liderazgo de las pandillas MS13 y el Barrio 18 hicieron con funcionarios del régimen de Nayib Bukele, pidieron a un juez que autorice tratamiento médico para su cliente.
Ramírez es diabético y, de acuerdo con sus defensores, padece dolores por una hernia que debe ser tratada con urgencia. Es poco probable que las autoridades judiciales contesten: El exjefe policial no ha visto a un médico desde que fue detenido en diciembre del 2021, informó este domingo la agencia Infobae.
Los defensores también recuerdan al juez que su cliente debería de estar libre porque un tribunal de primera instancia resolvió su arresto domiciliar a finales del año pasado.
El régimen de Bukele no ha explicado por qué no liberó a Ramírez Landaverde el 11 de diciembre del 2023, cuando cumplió dos años en detención provisional sin que la fiscalía general salvadoreña, dirigida por un funcionario leal al presidente, pudiese probar los delitos de los que lo acusa.
Ramírez Landaverde no es el único reo al que el sistema penitenciario salvadoreño ha dejado en prisión a pesar de que los plazos para una eventual libertad estén agotados, sobre todo desde que el régimen de excepción de garantías constitucionales fue aprobado en marzo del 2022, pero es uno de los que tiene un perfil político alto.
Director de la Policía Nacional Civil (PNC) y ministro de justicia y seguridad en el segundo gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Ramírez Landaverde estuvo a cargo de la seguridad pública entre el 2014 y el 2019, en una época caracterizada por el recrudecimiento de la violencia pandillera, pero también por el inicio en la baja sostenida de homicidios.
El exfuncionario está preso desde el 9 de diciembre del 2021 por acusaciones de que, durante su gestión al frente del ministerio ocurrieron actos arbitrarios y abuso de autoridad en el sistema carcelario salvadoreño, del que él era responsable.
Fue el mismo Bukele quien en junio de 2019, solo días después de haber sido juramentado como presidente del país, acusó en sus redes sociales a Ramírez Landaverde del supuesto mal uso de unos $14 millones. El auitócrata no presentó pruebas y la fiscalía general, que entonces Bukele no controlaba, no hizo acusación alguna.
Fue hasta septiembre de 2021, cuando ya Bukele había instalado en la Fiscalía General de la República a uno de sus cuadros políticos, el abogado Rodolfo Delgado, que se concretó una acusación formal contra Ramírez Landaverde.
En la primera audiencia, realizada pocos días después de la captura inicial, la jueza de primera instancia recriminó a los fiscales de Delgado por la pobreza de la prueba y dejó en libertad condicional a Ramírez Landaverde mientras la investigación continuaba.
Ramírez Landaverde dejó un escrito en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el que aseguró que el régimen de Bukele había ido tras él porque, cuando fue ministro de seguridad y jefe máximo de la inteligencia policial, descubrió que su ascenso político se debió a pactos hechos con las pandillas.
“Por las responsabilidades que ocupamos en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil, recibimos información de las instituciones y entidades responsables de la inteligencia y de otras a cargo de la obtención, análisis y procesamiento de información sobre peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de pandillas con representantes del movimiento político que participaría en las presidenciales del 2019 y que ahora es el partido en el gobierno”, escribió Ramírez Landaverde el 5 de octubre del 2021.
Cuando Ramírez Landaverde escribió aquello, la fiscalía salvadoreña llevaba ya casi tres años investigando los vínculos entre el entorno Bukele y los liderazgos de la MS13. Esos expedientes se abrieron entre 2016 y 2017, cuando el actual presidente era alcalde de la capital, San Salvador, y algunos de sus colaboradores más cercanos se reunían con miembros de las pandillas para, entre otras cosas, preparar colaboración de cara a las elecciones presidenciales de 2019.