La fiscalía mantiene otra solicitud para quitarle la inmunidad a Arévalo por supuesto lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazó este lunes quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso en jaque su investidura en enero, informó a medios de prensa internacional la abogada del partido gobernante Semilla, Andrea Reyes.
El pleno de magistrados de la Corte también rechazó quitar el fuero a la vicepresidenta, Karin Herrera, y al diputado oficialista Samuel Pérez, confirmó Reyes.
Es la misma resolución para todos los sindicados en una causa abierta por la Fiscalía por supuestos daños durante la ocupación de la universidad estatal”, detalló.
Arévalo fue acusado de haber apoyado en redes sociales a los académicos y estudiantes que ocuparon, de mayo de 2022 a junio del 2023, la Universidad de San Carlos.
Donde rechazaban y denunciaban la elección fraudulenta de un rector vinculado al entonces presidente, el derechista Alejandro Giammattei.
El 18 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural pidió a la Corte quitar la inmunidad a Arévalo, Herrera y Pérez, en su condición de autoridades electas, para procesarlos penalmente.
El pedido fue rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que consideraron que ponía en peligro la investidura del nuevo presidente, el 14 de enero.
Arévalo calificó entonces el pedido como un asalto a la democracia y denunció la cruzada impulsada por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, como un intento de golpe de Estado.
A petición de la fiscalía, un juez suspendió en el 2023 al partido Semilla por presuntas irregularidades durante su formación en el 2017.
Por ese caso, la fiscalía mantiene una solicitud para quitarle la inmunidad a Arévalo por supuesto lavado de dinero.
Arévalo quiere la salida de Porras, considerada antidemocrática y corrupta por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esa decisión depende de que la CSJ afirme que la fiscal faltó a sus funciones.