Cinco opositores fueron inhabilitados recientemente, entre ellos dos alcaldes, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años
En Venezuela la cantidad de políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos va en aumento, con la más reciente decisión de la Contraloría General de aplicar esta sanción a cinco opositores, una acción que el chavismo defiende al pedir una “acción penal”, pero que es considerada por el abogado Juan Carlos Apitz como un acto que afecta el sistema democrático, informó la agencia EFE.
“Quién se resiente aquí el sistema democrático, porque el sistema democrático descansa, entre otras cosas, en el voto, en la participación en los temas públicos”, dijo a EFE el también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A su juicio, la Contraloría General se está excediendo en sus competencias al castigar a dirigentes con inhabilitaciones, a pesar de que el artículo 105 de la ley que rige las competencias de dicho organismo lo faculta para aplicar esta sanción por un máximo de 15 años.
“Ese articulado que lo permite no es de ahora. En otras leyes anteriores al año 2000 ya existía, lo que pasa es que nunca se había utilizado porque siempre ha habido la sospecha fundada de que se trate de un artículo inconstitucional, porque inhabilitar políticamente es arrancarle los derechos políticos a un ciudadano”, explicó.
El artículo 65 de la Constitución establece que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.
La Contraloría General inhabilitó a cinco opositores recientemente, entre ellos dos alcaldes, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se puede constatar en la página web de la institución.