Piden legalizar ese trabajo y la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos las trabajadoras sexuales
Personas que se dedican al trabajo sexual y asociaciones civiles se unieron en México para lanzar este martes la Coalición Laboral Puteril (CLaP) para conseguir el reconocimiento legal y condiciones dignas de trabajo para quienes se dedican a esa labor en el país, informó la agencia EFE.
Natalia Lane, cofundadora de CLaP, explicó durante una conferencia de prensa que la idea de esta coalición surgió a partir de las inquietudes de un grupo de trabajadoras sexuales preocupadas por la falta de derechos laborales que les garanticen una vida digna y un futuro.
“Pensamos en nuestros dolores, en los dolores que nos ha dejado el trabajo sexual en asumirnos públicamente como trabajadoras sexuales, como putas y por eso pensábamos también en nuestra vejez. ¿Cómo sería nuestra vejez, siendo trabajadora sexuales?”, expuso.
A partir de ahí, dijo, vieron la importancia de defender los derechos laborales de quienes ejercen trabajo sexual en el país.
“Desde CLaP hemos podido identificar que existe una violencia institucional sistemática a las personas que ejercemos el trabajo sexual, en los sistemas de impartición de justicia, pero también en los sistemas de salud, también en los sistemas laborales, también incluso en un sistema que está legitimado como es la familia”, señaló María Midori, cofundadora de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS).
Según cifras de la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, tan solo en la Ciudad de México se estima que existen unas 15.200 trabajadoras sexuales.
Además, la segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación reveló que el principal motivo para ejercer el trabajo sexual es económico. El 55 % mencionó la falta de oportunidades laborales, por decisión propia lo hace el 12%, y el 2,3% dijo que le obligan a prostituirse.
Entre sus principales demandas, dijo Midori, están el reconocimiento de su derecho a elegir el trabajo sexual como oficio, su despenalización, el acceso a seguridad social, la erradicación de las violencias contra quienes se dedican a él y su participación efectiva en la toma de decisiones en la materia.
Además, pidieron a las autoridades que reconozcan las situaciones de vulnerabilidad particulares de las personas trabajadoras sexuales frente a varios tipos de discriminación y criminalización.
Asimismo, propusieron legalizar este trabajo y la formulación de políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de todas las personas trabajadoras sexuales, postura que ha recibido respaldo de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Para Midori, esta coalición sirve también para confrontar el estigma que viven las personas que se dedican al trabajo sexual y para arroparse entre ellas, pues consideran que son de las comunidades más desprotegidas a nivel laboral.