Más de $2 millones desembolsaron entre vales digitales y físicos
A la lista de subsidios que ya mantiene el Estado, el gobierno saliente de Nito Cortizo creó tres más durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, que representaron un monto de $3,543 millones de dólares entre el 2020 y el 2023.
El costo más alto lo representó el monto destinado al vale solidario, tanto el vale físico, como el popular vale digital, que ascendió $2,801 millones en cuatro años, revela un informe oficial al que tuvo acceso El Panamá América.
En diciembre del 2023, el gobierno anunció la terminación de este beneficio, como parte de las medidas que se tomaron para reajustar el presupuesto general del Estado.
De acuerdo al informe, otro de los subsidios fue el energético solidario, al que se le destinó un monto de $338.3 millones. A principios de enero de 2023, el gobierno central puso fin a este apoyo al que denominó Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) Extraordinario por Covid-19.
El tercer subsidio ante la figura de la emergencia sanitaria fue el del combustible otorgado a transportistas, agricultores y pescadores, gestionado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y ARAP, por un monto de $373.2 millones.
Aunando a estos representativos montos en medio de la pandemia se suman los subsidios ya creados y que se han mantenido en las últimas administraciones gubernamentales. Por ejemplo, el subsidio a becas y los polémicos auxilios económicos para estudios superiores a través del IFARHU.
Cortizo esperaba llevar este año este subsidio a más de $500 millones, pero no logró la reelección a través de la candidatura de Gaby Carrizo.
Entre el 2020 y 2023, el IFARHU otorgó $1,390.4 millones en subsidios a becas escolares y los auxilios económicos. Y para este año, el presupuesto del IFARHU recomendaba subir esta cifra a $518.1 millones.
Para el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, es un hecho público y notorio el manejo que se le dio a dichos subsidios, que jamás gozaron de la transparencia y de la rendición de cuentas que corresponde a la administración pública de dichos dineros del Estado.
Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), existen muchos temas que tendrán que ser aclarados por la administración saliente y que deberán ser investigados por el nuevo gobierno.
El jurista señaló que hay que recordar que existe una resolución del año 2021 que reserva cierta información en el Consejo de Gabinete, con lo que se busca mantener lejos del rango de la sociedad los temas que fueron abordados durante la pandemia de la covid.