Su designación ha demostrado inutilidad, ineficacia e incompetencia, para gestionar los temas marítimos internacionales
El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, es uno de los funcionarios que más escándalos por irregularidades y negociados ha tenido durante toda su gestión, informó el diario Panamá América.
Monopolios de combustible, contratos exclusivos de servicio de lancha, alteración de datos para el registro de barcos, contratos de manejo de contaminación directos, la caída del registro de nave, y otros, fueron los temas que afectaron a la AMP en estos cinco años de este gobierno que finaliza el 30 de junio.
Araúz acumula tres denuncias en el Ministerio Público, además de las quejas de organizaciones y gremios marítimos que han criticado sus actuaciones, porque no han redundado en beneficio de uno de los sectores que más aportan al PIB del país.
Desde los derrames en las costas cercanas al Canal y Taboga, hasta la expedición de un permiso de operación para un desguazadero sin un estudio de impacto ambiental previo, de acuerdo han denunciado ambientalistas.
Ello llevó a varias contrataciones directas a la empresa Layne que facturó millones de dólares con la AMP durante la gestión de Araúz.
Fue cuestionada la contratación directa a la empresa de Pablo Torres, Stward Inc., para el transporte de inspectores de la AMP a buques que atracan en los puertos del país.
Se descubrió que estos servicios se cancelaban a través de SEGUMAR, una cuenta de la AMP en Miami, solo para pagar cualquier servicio que requiera la institución fuera del país.
El propio Araúz reconoció públicamente su relación personal con Torres, no así el conflicto de interés que representaría.
Entre los escándalos que resaltan también está el mea culpa que hizo su director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, al admitir públicamente que se cometen errores en la emisión de patentes.
Por ejemplo, no poner el año de la puesta de quilla en los permisos de operación de buques, acción que habría favorecido a la nave Gibunker 100, propiedad de la empresa Sea Energy Shipping. Precisamente por este tema, Cigarruista fue querellado penalmente junto al administrador Araúz.
A nivel internacional está la queja que vino desde la empresa de cruceros Carnival, por la obligatoriedad para los cruceros que atraquen en puertos panameños de abastecerse solamente y exclusivamente del búnker de la empresa Monjasa, donde también figura Torres, el de los contratos directos de Stward pagados con la cuenta bancaria de SEGUMAR en Estados Unidos.
Ni hablar de la tibia respuesta ante la denuncia de United Against Nuclear Iran (UANI) que criticó a Panamá por supuestamente ayudar a Irán a contrabandear petróleo en sus buques, abanderados por la AMP.
La lista negativa de Araúz incluye también quejas por el manejo del registro de buques, que en palabras del propio director de Marina Mercante, el país está en riesgo de perder el primer lugar en abanderamiento de barcos a nivel mundial, mientras se toman medidas que no resuelven el problema y ponen en peligro la imagen internacional de Panamá.
Pedro Sittón, abogado y analista internacional, opinó que la designación de Araúz ha demostrado una inutilidad y una ineficacia casi rayando en la incompetencia, para gestionar adecuadamente los temas marítimos internacionales.
“Hay una crisis que parte por la falta de planes y políticas que se han debido implementar para evitar estas situaciones como las que se han presentado”, comentó sobre la gestión de la AMP, Alberto López, expresidente de Consejo Económico Empresarial (COEL).