Los 20 diputados de la coalición Vamos consideran prioritario reformar el reglamento de la Asamblea Nacional. Contrario a los que dicen que hay otras tareas más importantes al inicio del próximo período legislativo, coincido en la importancia de esa reforma, en muchos casos causante de abusos y arbitrariedades.
Veamos algunas razones:
- Exoneraciones de vehículos: Cuando hicimos el primer reglamento de la Asamblea Legislativa en 1984, luego de permanecer cerrada desde el golpe de Estado de 1968, nos encontramos que los 505 representantes de corregimientos y sus suplentes gozaban de ese privilegio. Ello se eliminó, limitándose únicamente a los legisladores y sus suplentes.
El 20 de abril de 1994, hace 30 años, el entonces Contralor General de la República, José de los Santos Chen Barría, hizo público informe sobre las exoneraciones de vehículos y sus suplentes en ese periodo.
Eran exorbitantes los Lexus, BMW, Mercedes Benz e Infinity importados, aprovechándose de la exoneración legislativa, la mayoría terminando ilícitamente en manos de terceras personas que pagaban hasta $5,000 por aprovechar las exoneraciones oficiales a legisladores o suplentes, en algunos casos provenientes de circuitos electorales donde ni siquiera había carreteras.
El total de exoneraciones en ese tiempo era de 469, recordando que antes había dos suplentes por principal. Chen Barría señaló que esas exoneraciones habían mermado los ingresos al fisco por la suma de $5.2 millones.
Benicio Robinson, en su primer periodo como parlamentario importó tres Lexus, Land Cruiser y Mercedes Benz. Con seis periodos en la Asamblea desconozco si habrá usado las 18 exoneraciones a las que ha tenido derecho.
En su reporte, el contralor Chen Barría señaló “muchos de esos vehículos lujosos que algunas personas ostentan y transitan por las calles de Panamá, están usando el impuesto de exoneración concedido a legisladores. Quienes pueden comprar esos vehículos de lujo no son gente del pueblo, sino personas con alto poder económico, que utilizando las franquicias legislativas no pagan los debidos impuestos de introducción de los vehículos que hoy ostentan.” Bellaquería y desvergüenza.
Ese informe de Chen Barría causó problemas dentro del Partido Demócrata Cristiano, donde él militaba, porque expuso que en ese abuso también había gente de su colectivo político. Quizás por eso terminó abandonando sus filas.
Después de 40 años, ¿no creen ustedes que se debe eliminar ese privilegio que, en el actual periodo legislativo, ha significado en exoneración $1.4 millones? ¿Acaso con los $7,000 mensuales que devenga un diputado no alcanza para adquirir un buen vehículo?
- Responsabilidades penales para Secretario General y Subsecretario de la Asamblea. El 28 de febrero de 1988 el general Noriega destituyó al presidente Eric Arturo Delvalle, trámite que, por estar establecido en la Constitución, debía contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, de la cual yo era miembro. Convocaron a sesión extraordinaria de la Asamblea para considerar tal destitución, pero los militares carecían del quorum necesario para iniciarla. Los opositores, allí presentes, no les hicimos ese favor. Tenían problemas con dos legisladores oficialistas que se opondrían a la destitución y no acudieron a la convocatoria: Raúl Delvalle, hermano del depuesto presidente, y Alfredo Oranges, exadministrador del ingenio azucarero de los Delvalle.
Con la complicidad del entonces Secretario General de la Asamblea, Erasmo Pinilla, habilitaron, sin autorización, a los suplentes de los ausentes, logrando así poder iniciar la sesión donde validaron la destitución del Delvalle, llevándose por los cachos también al segundo vicepresidente, Roderick Esquivel. Durante el actual periodo, el diputado Juan Diego Vásquez ha denunciado actuaciones irregulares de la Secretaría General de la Asamblea. ¿Deberían incluirse responsabilidades penales para quienes cometen arbitrariedades en el ejercicio de esos importantes cargos?
- Planilla. De los $4,000 que en 1984 disponíamos los legisladores para nombrar a nuestros asistentes, se han subido en algunos casos, hasta $80,000 por mes. Allí nace la llamada planilla “cash back”, donde el diputado nombra a alguien con $1,000 al mes, que le devuelve $700 en efectivo. ¿Estarían de acuerdo que este desorden que ha hecho que la Asamblea tenga tantos funcionarios como la Autoridad del Canal, debe acabarse para siempre?
Seguro estoy que habrá otros puntos importantes a reformar del reglamento interno de la Asamblea. Espero que nos demos cuenta de que reformar esa ley no constituye estupidez alguna. Urge hacerlo desde el primer día.