Lo que procede es una reversión inmediata al Estado de los bienes adjudicados ilegalmente a PSA en violación a la Constitución
El contrato de concesión otorgado a la filial en Panamá de Port Singapore Authority (PSA) se obtuvo “de manera ilegal y corrupta”, denunció el jurista Miguel Antonio Bernal, quien presentó una demanda de inconstitucional por las acciones de la Asamblea Nacional y media docena de instituciones del Estado.
“Esa empresa obtuvo de manera ilegal una serie de concesiones y contratos, y en el camino se han ido apropiando de terrenos que no les habían sido concedidos, sin cumplir con la ley del país”, declaró este viernes Bernal, en el programa Sin Rodeos, del periodista Álvaro Alvarado.
PSA es una empresa de Singapur que se estableció en Panamá en el 2007 para explotar un puerto de contenedores en la orilla occidental del Pacífico del Canal. Los accionistas son de Singapur y extranjeros establecidos en Panamá.
“Tengo conocimiento –reveló- que en Singapur hay ciertas demandas contra PSA y sus ejecutivos, que están andando. Allí son muy estrictos, porque si alguna empresa de Singapur comete actos de corrupción, lo investigan y lo castigan”.
Se refería a las demandas presentadas a mediados de enero ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Singapur, contra Tan Chong Meng, CEO de PSA International; David Antonius Yang, CEO de PSA para América Latina; Guillermo Liberman, accionista principal de PSA Panamá; y a Víctor Diamond, ejecutivo del grupo de empresas Liberman.
El alto Tribunal de Justicia de Singapur investiga a esos ejecutivos porque estarían involucrados en la apropiación indebida y en la reducción de acciones en perjuicio de varios socios de PSA Panamá.
“La tragedia es que aquí, donde se están cometiendo actos de corrupción, las autoridades judiciales se dejen llevar por intereses creados que intentan evitar que haya una debida rendición de cuentas, y que no se produzcan las investigaciones que está ocurriendo con PSA en Singapur”, subrayó Bernal en el programa radial.
Entre las graves denuncias de Bernal sobresale el hecho de que el Contrato Ley que otorgó la concesión a PSA en el 2007 por 20 años, fue modificado por la Asamblea Nacional solo siete años después, por 40 años, pisoteando las normas constitucionales al no haber cumplido el periodo inicial establecido en el contrato.
“Hay una flagrante violación que tiene que ser resuelta por la máxima instancia de justicia”, opinó Bernal.
Por eso presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese contrato. Además de tres demandas ante la Sala Tercera de la CSJ que se encarga de los asuntos laborales, de tierra, contencioso tributario y contencioso administrativo.
Una demanda gira en torno a la alteración de las concesiones. Otra tiene que ver con la manera cómo violentaron los límites de los terrenos que fueron concedidos ilegalmente a PSA Panamá.
“Hicieron lo que se conoce como traslape de los terrenos. Movieron los límites de un terreno, para hacer uso de terrenos que no les correspondía”, aseguró.
La otra demanda es sobre los acuerdos –también ilegales- que hizo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para traspasar los terrenos a PSA Panamá.
Las demandas fueron presentadas en diciembre y el magistrado ponente no las admitió inicialmente. Bernal se vio obligado a anteponer un recurso de apelación a lo no admisión, y le fue concedido. Las tres demandas están en proceso de lectura.
“El recurso de inconstitucionalidad no se ha movido ni un milímetro desde hace ocho meses y nos coloca en una indefensión jurídica, que lastimosamente se practica mucho en Panamá”, advirtió el jurista.
Reconoció que “hay factores de poder que se mueven”. “Sería iluso negarlo, porque lamentablemente accionan en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
Hay multiplicidad de factores en lo referente a las tres demandas. Involucran al MIVIOT, la Unidad Administradora de las Áreas Revertidas del Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Marítima y la Asamblea Nacional.
Cada una de las demandas está acompañada por pruebas certificadas y notariadas. Además de documentos, pruebas catastrales para comprobar dónde se produjeron los traslapes y testimonios de funcionarios que tuvieron participación en esos hechos.
“En esas demandas se plantean los daños ocasionados a la cosa pública, porque es una empresa que ha estado usufructuando de manera ilegítima”, señaló.
“Definitivamente PSA Panamá –recalcó el jurista- no puede estar donde está. No puede estar trabajando con un contrato que ha sido adulterado violando la Constitución”.
De acuerdo a Bernal, “lo que procede es una reversión inmediata al Estado de los bienes que han sido ilegalmente adjudicados a PSA Panamá, en violación de las atribuciones constitucionales”.
“El Estado panameño no puede quedar sometido a la voluntad de intereses foráneos que perjudican, no solamente al Fisco, sino a la propia dignidad nacional”, subrayó.