El Ministerio Público cifró en $24 millones la lesión ocasionada al Estado
Con 12 personas en rebeldía, un acuerdo de pena y 187 imputados, transcurre el juicio por la presunta comisión del delito de peculado en el manejo irregular de fondos en el proceso de compensación de buses tipo de diablos rojos, informó el Órgano Judicial.
Durante la apertura del juicio este lunes, el tribunal procedió con la etapa de presentación de pruebas extraordinarias por parte de los abogados defensores.
Previo a ello, la jueza Agueda Rentería realizó cuestionamientos a las personas llamadas a juicio que se encontraban presentes donde la mayoría señaló que eran inocentes de los cargos imputados.
El imputado que se sometió a un acuerdo de pena, fue condenado a 54 meses de prisión.
Dentro de esta causa están acusados exfuncionarios, representantes de concesionarias o representantes de prestatarias, transportistas y particulares. El Ministerio Público cifró en $24 millones la lesión ocasionada al Estado.
Entre los imputados se encuentran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, Roberto Moreno, Juan Pablo Mora y Ventura Vega.
También figura el exjefe de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Abraham Wiliams, los dirigentes transportistas Esteban Rodríguez, Eduardo Álvarez y Tomasito López.
El fiscal Edwin Juárez explicó que en este caso transportistas y concesionarias del transporte público se aprovecharon del proceso de compensación de los buses tipo diablo rojo, que debían dar al paso al sistema de Metro Bus, para obtener beneficios de manera ilícita.
Según el fiscal, tienen las pruebas que demuestran los malos manejos que se dieron en el proceso de compensación de diablos rojos.
En 2010 inició el proceso para reemplazar los viejos buses tipo diablos rojos por el servicio de Metro Bus, por lo que propuso un sistema de compensación.
También se compensaron buses que fueron traídos del interior del país y no estaban inscritos para prestar el servicio de transporte público.
Las pesquisas también arrojaron que algunos dueños de buses no fueron compensados, ya que terceras personas falsificaron los certificados de operación de sus vehículos para hacerse con los fondos.