Las encuestas revelan que existe preocupación y descontento por la forma cómo Biden ha gestionado el tema de migración
El presidente Joe Biden, ha adoptado con efecto inmediato la medida más restrictiva respecto al asilo tomada por ningún mandatario demócrata en los tiempos modernos.
A través de una orden ejecutiva ha permitido “cerrar” la frontera en cuanto se superen diariamente y a lo largo de una semana las 2,500 intercepciones de migrantes sin papeles. Aunque hay algunas excepciones, la medida efectivamente deja en suspenso para decenas de miles de personas el derecho de solicitar asilo en EEUU y su aplicación será inmediata, informó el diario catalán El Periódico.
El componente electoral de la medida es ineludible. La inmigración es tema central de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre en las que Biden se mide a Donald Trump. Y los sondeos muestran altos índices de desaprobación de la gestión del demócrata en este terreno.
“La buena voluntad del pueblo estadunidense se está agotando y no hacer nada no es una opción”, “esta medida nos permitirá recuperar el control de nuestra frontera y restaurar orden al sistema migratorio”, dijo Biden en la Casa Blanca para anunciar la orden ejecutiva.
Su decisión recibió críticas del ala progresista de su propio partido y organizaciones que trabajan con los inmigrantes y los derechos humanos, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que anunció que presentará una demanda para tratar de frenar la orden en los tribunales.
La medida, según habían detallado fuentes de la administración en una llamada informativa con la prensa antes de la comparecencia de Biden, cerrará la frontera cuando a lo largo de una semana se superen esas 2,500 intercepciones diarias.
La frontera permanecerá cerrada hasta que a lo largo de otras dos semanas el secretario de Seguridad Nacional determine que las cifras de intercepciones han bajado hasta menos de 1,500 diarias.
Cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos seguirán siendo deportados a México, pero con otras nacionalidades se intentará la deportación a sus países de origen. Una vez expulsados, los migrantes tendrán prohibido entrar en Estados Unidos durante cinco años y se arriesgan a ser perseguidos por lo penal si lo hacen.
La medida tiene ecos de una que Trump trató de implementar en el 2018 y que entonces criticaron los demócratas y fue bloqueada por un tribunal federal.
Entonces el propio Biden la denunció, acusando a Trump de ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos que obligaba a pedir asilo desde otro país.
Desde entonces, no obstante, se ha elevado para Biden la presión de algunos sectores de su propio partido y la de encuestas que, de cara a los comicios de noviembre, ponen en un lugar muy destacado la preocupación de los estadunidenses con la migración.
Los sondeos también exhiben descontento con la gestión de Biden de la cuestión.
El demócrata trata de mostrarse proactivo, especialmente después de que los republicanos en el Congreso, siguiendo instrucciones de Trump para no darle ninguna victoria en el tema de la inmigración de la que pudiera sacar rédito político, hundieran una propuesta bipartidista de legislación que habría reforzado la seguridad en la frontera y los fondos para tratar de reducir los problemas del sistema, donde un embudo en los tribunales de inmigración hace que los migrantes puedan pasar años en Estados Unidos mientras se resuelven sus casos de asilo.
Pese a las afirmaciones de Biden su decisión ha sido denunciada por demócratas progresistas y por grupos como Amnistía Internacional.
Amy Fischer, directora de derechos de refugiados y migrantes en el capítulo estadunidense de la oenegé ha criticado que la orden “marca un precedente internacional peligroso” al representar “el primer límite numérico al asilo de su estilo”. Fischer ha cuestionado también que Biden emplee la misma autoridad legal que usó Trump para sus “peligrosos y xenófobos” vetos a musulmanes y migrantes africanos.